En BC y 5 estados se presentó más de 90% de juicios irregulares de Infonavit
Tijuana, 27 de enero. El Infonavit detectó que en 2012 se implementó una estrategia mediante la cual despachos legales interpusieron juicios masivos contra 373 mil derechohabientes, los cuales derivaron en que 249 mil perdieran la propiedad de su vivienda; según información presentada por el director del Instituto, Octavio Romero Oropeza, Baja California se encuentra entre los seis estados donde se presentó 96 por ciento de los procesos legales.
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó este lunes en su conferencia diaria que siguen presentándose denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE), y por su cuenta Romero Oropeza expuso que en este esquema se pagaron 29 mil 263 millones de pesos a despachos legales que actuaron de manera irregular.
La estrategia de los juicios masivos consistió en que los despachos legales no notificaron a los acreditados; se incluyeron a personas que no tenían problemas de pago, y se demandó a los trabajadores en estados que no correspondían a su residencia, entre estos Baja California, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Ciudad de México y Morelos, además de que pese a las irregularidades Infonavit pagó a los despachos 29 mil 263 pesos durante ocho años, explicó el director.
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Señaló que 373 mil derechohabientes resultaron perjudicados sin que el Comité de auditoría ni en la Comisión de Vigilancia del Infonavit se realizara alguna acción en su defensa y solo 71 mil fueron demandados en su propia entidad.
De las 373 mil demandas, 249 mil derechohabientes perdieron sus viviendas, en 207 mil casos no se ha podido escriturar a favor del Infonavit por irregularidades en el proceso y 42 mil fueron vendidas en subastas masivas; en tanto, de 22 mil 386 acreditados que resultaron afectados por los juicios masivos, actualmente están al corriente en sus pagos, indicó Romero Oropeza.
Explicó que los 29 mil 263 millones de pesos pagados a los despachos es más que lo destinado a Programas para el Bienestar como la Pensión para el Bienestar para Personas con Discapacidad, la nueva beca universal “Rita Cetina Gutiérrez” e incluso mayor al presupuesto anual del Infonavit, que se ubica en alrededor de 17 mil millones de pesos.
Durante la administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador se instruyó al Infonavit detener los juicios masivos, y entonces se detectó que nueve despachos simularon juicios individuales en la Ciudad de México a través del juzgado 60 Civil, intentado afectar a 63 mil 444 derechohabientes, siguiendo la misma estrategia de juicios masivos.
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De las judicializaciones admitidas, 96 por ciento correspondían a créditos de trabajadoras y trabajadores en Puebla; Estado de México; Tamaulipas, Sonora, entre otros estados y solo en 4 por ciento eran de la capital, detalló el funcionario.
“En esta administración, en noviembre de 2024 alcanzamos a detener este proceso evitando afectarse a más de 63 mil familias, lo que no quita la intención y toda la documentación que tenemos con relación a lo que pretendían hacer estos despachos”, detalló.
Los despachos beneficiados cobraron millonadas
Los despachos que presentaron juicios masivos son GABSSA, al que se le pagaron más de 2 mil millones de pesos, y ACSER, despacho que, a través de la gestión de un dirigente sindical del Infonavit recibió 103 millones de pesos «para desalojar de manera corrupta e irregular a los trabajadores de sus viviendas», indicó el funcionario.
Grupo ACSER tiene una oficina en el puerto de Veracruz donde una derechohabiente que estaba demandada y quería ver cómo resolvía su problema, ya que el expediente estaba con ellos, se encontró con que el lugar estaba en venta, explicó el director de Infonavit.
«Esto es grave porque la oficina se está vendiendo, está abandonada; los expedientes están en el suelo, están arrumbados. No tenemos constancia de cuántos expedientes se le entregaron a estos despachos, no tenemos constancia de que nos los hayan devuelto», señaló Romero Oropeza.
Ante esto, el director general del Infonavit informó que la instrucción de la Presidencia es resarcir el daño a los derechohabientes que fueron afectados por el esquema de juicios masivos, y además reiteró que se continuarán con las denuncias penales a los responsables de los despachos involucrados, así como a notarios y funcionarios del Poder Judicial de las entidades involucradas.
