Empresa contratada por Kiko Vega será la misma que pondrá cámaras en BC
Mexicali, 12 de mayo.- La empresa Seguritech que fue contratada por el ex gobernador panista, Francisco Vega de Lamadrid, será la encargada de administrar el proyecto de seguridad de la actual gobernadora, Marina del Pilar Ávila Olmeda.
Esto luego de que el Congreso del Estado amplió su contrato por mil 174 millones de pesos, con lo cual la empresa deberá instalar 4 mil cámaras de vigilancia, arcos lectores de placas y fibra óptica.
La ampliación del contrato respetará el contrato vigente de «Kiko» Vega con la empresa, que se comprometió a la instalación –igualmente- de cámaras de video vigilancia, en un proyecto denominado C5i.
«Es un proyecto integral, es un proyecto enfocado en la seguridad de las familias bajacalifornianas», expuso Ávila Olmeda.
Por su parte el secretario de Hacienda, Marco Antonio Moreno, señaló que es un contrato que la empresa tiene vigente con el Gobierno del Estado, que se firmó a largo plazo y en su momento fue aprobado por el Congreso de Baja California.
«Es un contrato adicional con la empresa, es un contrato que nos cercioramos que tiene viabilidad financiera», explicó.
Informó que la inversión tendrá un costo de mil 174 millones de pesos, el cual se pagará antes de finalizar la actual administración y no dejará pasivos.
Señaló que para este contrato no se comprometen participaciones federales como el caso de la planta fotovoltaica.
La aprobación del Congreso
Marco Antonio Blázquez Salinas fue el único opositor al proyecto, al señalar que el contrato plurianual que se presentó por parte de la Comisión de Hacienda y Presupuesto ”no tomó en cuenta la transparencia ya que no explica cómo se utilizará el 2.5 por ciento del presupuesto anual”.
El proyecto denominado “Servicio integral de equipamiento, instalación, mantenimiento e integración tecnológica para el sistema estatal de videovigilancia”, fue aprobado por la mayoría de los legisladores sin embargo, se presentaron dos reservas en lo particular.
En el debate la legisladora de Movimiento Ciudadano, Daylin García Ruvalcaba señaló que la seguridad se trata de un tema muy delicado y por lo tanto es necesario colaborar en la prevención.
Explicó que al proyecto le falta transparencia por lo que informó que presentaría una reserva para que diversas comisiones y los consejos ciudadanos le puedan dar seguimiento puntual aunque votó a favor en lo general.
La legisladora de Morena, Araceli Geraldo Núñez señaló que se trata de un gran esfuerzo de la gobernadora para prevenir la inseguridad y que votaría a favor de cualquier proyecto en ese sentido.
De igual manera, María del Roció Adame Muñoz coordinadora de Morena aprobó la propuesta en donde señaló que se tomó en cuenta las necesidades de seguridad que se requieren.
Reconoció que la empresa ya viene trabajando con el Gobierno del Estado y afirmó que los ciudadanos merecen el respeto de todos los diputados.
Dijo que este contrato no sería otra planta fotovoltaica por lo que se tiene que tener confianza en los trabajos de los gobernantes.
Por su parte el diputado Juan Diego Echevarria Ibarra del Partido Acción Nacional (PAN) puntualizó que se ha estado apoyando a la gobernadora en el tema de seguridad y como ejemplo fue la votación de la separación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Fiscalía General del Estado.
De igual manera, dijo que se apoyó la elección del fiscal general Iván Carpio, por lo que es necesario que se den los resultados, ya que no tienen pretextos para los altos índices de inseguridad que se han presentado.
El dictamen fue aprobado por 22 legisladores a favor con el voto en contra del petista Blázquez Salinas, aunque se presentaron 2 reservas, ambas fueron rechazadas por los diputados de Morena que son mayoría en el congreso.
Las reservas
Sobre la primera reserva presentada por los 3 diputados del PAN, buscaron anexar dos puntos, el primero que además de las cámaras, el proyecto deberá contemplar la compra de patrullas, drones y equipos tácticos.
De igual manera pidieron que se designe a integrantes de la Comisión de Fiscalización para darle seguimiento a la autorización del contrato para fiscalizar el programa y poder llamar al encargado de Seguridad a rendir cuentas.
En un sentido similar, la reserva presentada por la diputada Daylin García Ruvalcaba, criticó la falta de recursos federales a las policías municipales y pidió prevenir actos de corrupción e investigar a los gobiernos de Jaime Bonilla y Francisco Vega.
La iniciativa buscaba darle mayor claridad al contrato por lo que pidió que se convocarán a las diversas comisiones dentro del Congreso bajo el principio de máxima publicidad.
De igual manera buscaba la incorporación de testigos sociales en las diversas etapas de la contratación del equipo e integrar a los Consejos Ciudadanos y Comités Ciudadanos de Seguridad Ciudadana para que participaran como observadores.
Ambas reservas fueron rechazadas, la primera por 15 votos en contra y 7 a favor y la segunda por 14 votos en contra, 6 a favor y una abstención de Blázquez Salinas.
Blázquez aprovechó el punto para pedirle a los diputados de oposición rechazar los dictámenes en donde existiera opacidad, con el fin de que se tenga mayor transparencia en este tipo de contratos.
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