Solo 52 de casi 5 mil aspirantes a una diputación federal cumplieron con 3de3
De los casi 5 mil candidatos a una diputación federal, solo 52 dieron a conocer sus declaraciones patrimoniales, de intereses y de cumplimiento fiscal (3de3), de acuerdo con información del Comité de Participación Ciudadana (CPC), del Sistema Nacional Anticorrupción.
Desde mayo, el CPC invitó a las y los candidatos a presentar ante los más de 90 millones de electores esta información. El objetivo era que la ciudadanía conociera mejor a quienes piden su voto para llegar a San Lázaro, pero no resultó.
Durante todo el mes pasado, el CPC, en conjunto con organizaciones civiles, puso a disposición de los aspirantes a las diputaciones federales una plataforma para «demostrar su compromiso con la transparencia», misma que cerró el 2 de junio.
«Este ejercicio depende de la voluntad política de los partidos y políticos profesionales, pues no existe ningún mecanismo legal que los obligue» a cumplir con él, expuso el CPC luego de cerrar la plataforma en la que las y los candidatos podían subir su información.
Si se toman en cuenta solo las 3 mil 443 candidaturas propietarias a la Cámara de Diputados, resulta que únicamente 1.5 de los aspirantes decidió poner a disposición de la ciudadanía la información sobre su situación patrimonial y de intereses, así como de si están en orden con sus obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
«La ciudadanía mexicana merece información confiable, oportuna, accesible, relevante y veraz para decisiones tan importantes como es el ejercicio de su voto y eventos tan relevantes como lo son la renovación de sus congresos», de acuerdo con el CPC.
Pero añade que «es evidente que a menos que se legisle sobre la materia, los partidos políticos no tendrán voluntad de informarnos quiénes son en el fondo sus candidatas y candidatos».
Cuando invitó a los partidos políticos a participar en esta iniciativa, el CPC planteó que uno de los pendientes más importantes de la democracia mexicana es el compromiso de los representantes populares con la transparencia y la rendición de cuentas, que a su vez se traduce en confianza ciudadana en la democracia y sus valores e instituciones.
