El trigo en Baja California: permanente crisis social y productiva
Baja California se mueve entre el segundo y tercer lugar en producción de trigo en México, después de Sonora y Guanajuato. En la entidad se han llegado a sembrar más de 100 mil hectáreas con un promedio de producción de 6 toneladas por hectárea, prácticamente todas en el valle de Mexicali, bajo condiciones de riego.
La superficie sembrada ha variado a través del tiempo, pero particularmente críticos han sido estos años ulteriores, el actual ciclo otoño-invierno apenas registra siembra por veinte mil hectáreas de una cédula programada de cuarenta mil. El cereal es considerado un cultivo tradicional y social en la región, tanto por la superficie que ocupa como por el perfil agrario y tamaño del predio del productor: el número de productores de trigo llegó a ser de casi cinco mil, hoy es altamente probable que ape- nas superen los mil; en cuanto al régimen de tenencia de la tierra, el 70% de ellos son del régimen ejidal, el restante es de propiedad particular, en ambos regímenes el 96 % de los productores tienen menos de veinte hectáreas.
El Sistema Producto Trigo Baja California
A partir de la puesta en vigencia de la Ley de Desarrollo Rural Sustentable, en marzo del 2004, presidido por la entonces SAGARPA, quedó constituido el Comité Estatal del Sistema Producto Trigo, un modelo de organización y representación dependiente del Estado, buscando, por un lado, desentenderse de la vieja matriz corporativa del régimen priísta en la organización en el campo, y por otro, incorporar representaciones de los diversos eslabones de la cadena de valor del trigo. Quedó formado por 18 representantes provenientes de los sectores de productores, empresas particulares y sociales, instituciones de investigación y financiamiento y sector gubernamental federal y estatal. El modelo consideraba que el organismo fuera un espacio de concertación entre los diferentes sectores involucrados en la cadena de valor para resolver diferencias y potenciar el beneficio. Los años transcurridos y las experiencias que se han tenido muestran una insuperable desarticulación y confrontación entre productores e industriales y el simple papel testimonial de la instancia gubernamental.
La apertura comercial La apertura comercial que referenció obligatoriamente los precios nacionales a los dispuestos por las grandes bolsas agropecuarias de Estados Unidos es el elemento de mayor impacto en las condiciones de crisis, permanentes, de los productores de trigo de la región. Con muy escasos años con precio benéfico, los agricultores han enfrentado la enorme desventaja del encarecimiento exponencial de los insumos como fertilizantes, combustibles, pesticidas, semillas, agua, que hacen de la actividad una economía de pérdidas netas, el ciclo pasado el costo de producción de una hectárea de trigo rondó los 42 mil pesos.
Ante la inminente, y recurrente, tragedia económica, los productores, como en incontables veces anteriores, se movilizaron a través del Consejo Estatal de Productores de Trigo, como representantes en el organismo Sistema Producto, buscando el pago de ocho mil pesos por tonelada que les permitiría cubrir adeudos y mantenerse en la actividad, a pesar de articularse con otros grupos de productores de los demás estados, apenas consiguieron en promedio alrededor de los cinco mil trescientos. Baja California sigue su colapso en superficie sembrada, el ciclo anterior el cultivo alcanzó cerca de 38 mil hectáreas, en este que transcurre, y con fecha de siembra ampliada, apenas rebasa las 20 mil. Los mismos productores integrantes del Consejo Estatal se dividieron por diferencias en la estrategia de lucha e intereses involucrados.
La agricultura regional
Es necesario decir que, sobre la cuestión agrícola y rural en Baja California, y en el norte mexica- no en general, existe la percepción de que el modo y los medios de producción son una especie de paradigma de la modernización del campo. Las grandes extensiones bajo riego han hecho pensar que la agricultura es fuente de grandes riquezas que generan, comparativamente, un medio rural de privilegio. Sin embargo, la percepción de prosperidad de la agricultura y de la vida en el medio rural en el norte tiene serios cuestionamientos; padece una grave restricción financiera, altos niveles de endeudamiento, alto costo de insumos, bajo precio de cosechas, bajo grado de organización para producir y comercializar, un desarrollo agro- industrial incipiente y, de manera determinante, la predominancia de políticas públicas favorables a un modelo de producción basado en el libre mercado que produce una concentración cada vez mayor de medios de producción y utilidades.
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Las condiciones que han prevalecido en el agro regional han construido tendencias como un alto grado de especialización productiva, que aumenta la vulnerabilidad de los productores ante un mercado que no está bajo su control, reconcentración de tierras por la vía del arrendamiento, crédito selectivo y restringido, comercialización de básicos supeditada al acopio e intermediación de particulares, formación de una élite de productores o grandes agroempresarios y, una creciente y acelerada exclusión de pequeños productores de la actividad agrícola. Un ejemplo emblemático de la exigua o nula remuneración a productores agrícolas de básicos es el caso del trigo, acá un agricultor de veinte
hectáreas de riego es una especie de minifundista, su utilidad es nula o exigua, veinte hectáreas de riego en las regiones minifundistas del centro y sur del país es una especie de latifundio, acá nó. Aun en estas condiciones, la agricultura de los estados del norte contribuye de manera significativa al abasto alimentario nacional, los maiceros de Sinaloa, Sonora, Chihuahua, los sorgueros de Tamaulipas, los trigueros de Sonora y Baja California, los algodoneros de Chihuahua y Baja California, son ejemplos clarísimos de la imprescindible agricultura norteña. Sonora, por sí solo, ha llegado a producir un millón de toneladas de trigo, prácticamente un cuarto de la producción nacional anual histórica.
El desarrollo agrícola en México es un asunto neto de seguridad nacional por la función que la producción de alimentos básicos tiene en la elemental supervivencia social y la consecuente viabilidad, en todos los sentidos, de una nación. Los criterios para las políticas de desarrollo agrícola en todos los países desarrollados son de protección y subvención a la producción de básicos por encima de lo que pueden hacerlo países como México. El Farm Bill de Estados Unidos, planeado cada cinco años, destina anualmente en subsidios a sus «farmers» entre dieciocho y veinte veces el equivalente al presupuesto total anual de los mejores tiempos de la hoy SADER.
La administración obradorista busca reivindicar a los más rezagados, el combate a la corrupción; las medidas de redireccionamiento social y territorial de presupuesto ha implicado un horizonte de reducción notable de recursos fiscales para la agricultura comercial e intensiva del norte mexicano. Frente a esto las manifestaciones de inconformidad y alarma han venido creciendo, no nada más por ser un conflicto social, sino, sobre todo, por las consecuencias que puede haber en el desaliento de la producción de alimentos. La reducción de superficies en cultivo de básicos en el Valle de Mexicali está llegando a ser francamente crítica.
