DH de Baja California reclama la defensa de infantes y adolescentes
Tijuana, 30 de abril. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) se sumó al llamado de los organismos de derechos humanos del país para que el Estado mexicano cumpla con la protección de la niñez y la adolescencia.
El ombudsperson de Baja California, Miguel Ángel Mora Marrufo, informó que en años recientes, los organismos de derechos humanos han identificado el agravamiento del contexto de violencia que transgrede la integridad de las niñas, niños y adolescentes (NNA) en México.
Precisó que lo anterior forma parte de las conclusiones alcanzadas durante el Congreso Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes de la Federación Mexicana de Organismos Públicos de Derechos Humanos (FMOPDH), en el cual también se identificaron las condiciones de violencia que se desarrollan en torno a esta población, que se desarrolla en ámbitos relacionados con la movilidad humana, la educación, la trata, la desaparición, y los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas.
Como antecedente, Mora Marrufo recordó que, en julio del 2022, la Comisión Especial para Atender la Violencia hacia NNA de la FMOPDH sesionó en Tijuana, con el propósito de identificar y analizar las circunstancias específicas que atentan en contra de esta población en el territorio mexicano.
El ombudsperson señaló que en ambas reuniones se identificaron la falta de tutela por parte del Estado mexicano; la dilación de la impartición de justicia, producto de que las instancias de procuración de justicia se encuentran rebasadas por la cantidad de expedientes de investigación; así como la inexistencia de una política pública de intervención para rescatar a NNA que se encuentra en un contexto de peligro para su integridad, son elementos clave para entender el panorama nacional.
Otro pendiente para México es la firma del Protocolo Facultativo de la Convención sobre los Derechos del Niño relativo a la participación de los niños en conflictos armados, que tiene el objetivo de protegerlos contra su reclutamiento y participación en hostilidades.
Por otro lado, cabe mencionar que los tratados internacionales de los que México forma parte, entre los que se encuentran la Convención de los Derechos del Niño (CRC); el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP); y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), delimitan una guía de evaluación en cuanto a la carencia de una movilización integral por parte de las diferentes instituciones gubernamentales para asegurar su protección e integridad.
Específicamente, se debe señalar que el Estado mexicano:
a) Ha incumplido con las obligaciones contempladas en los artículos 4, 6, 19, 32, 33, 34, 36 39 de la CRC, artículo 2, 6, 8.3.a, 23, 24 del PIDCP y artículo 10, 11, 12, 13 del PIDESC, puesto que los ordenamientos jurídicos e institucionales y las políticas públicas en el ámbito nacional de protección y garantías a los derechos de NNA carecen de efectividad para prevenir y erradicar la violencia contra esta población acorde a la magnitud de la violencia criminal.
b) Ha sido omiso en implementar políticas públicas integrales para generar las condiciones de vida dignas para el desarrollo integral y supervivencia de NNA en el Estado; se ha incumplido con el deber de prevenir, sancionar e investigar las violaciones a los derechos humanos de NNA con motivo de la violencia criminal.
c) Ha sido omiso en la investigación, impartición de justicia y reparación integral del daño de las NNA víctimas de delitos y violaciones a sus derechos humanos.
d) Ha omitido implementar acciones tendientes al reasentamiento y reintegración del núcleo familiar para víctimas del fenómeno de desplazamiento forzado.
e) Ha sido omiso en establecer un sistema idóneo que documente de manera plena los delitos y las violaciones a derechos humanos de NNA.
El presidente de la CEDHBC subrayó que, con base en lo anterior, los organismos de derechos humanos del país concluyen que el Estado mexicano no cumple con el deber de garantía y la obligación de proteger los derechos de NNA bajo su jurisdicción, por lo tanto, es responsable de la violación a los derechos humanos de esta población, por lo que debe estructurar y ejecutar un plan integral, con perspectiva de derechos humanos, que cuente con la participación de la sociedad civil organizada, los organismos públicos de derechos humanos, la academia y la iniciativa privada para, efectivamente, salvaguardar la integridad y el desarrollo de NNA.
En ese sentido, la CEDHBC se suma al llamado de la FMOPDH para que todas las autoridades que conforman el Estado mexicano instrumenten y ejecuten, en el marco de sus atribuciones, las acciones y programas necesarios para la atención y protección de la niñez y la adolescencia, con énfasis en quienes, por su contexto, requieren atención prioritaria, anteponiendo en cada una de las acciones y decisiones el principio del interés superior de la niñez.
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