Desaladora Rosarito, de la primera piedra de ‘Kiko’ Vega a los hechos

Tijuana, 10 de septiembre.– El pasado 28 de agosto, luego de años de espera, de conflictos políticos, protestas masivas —que obligaron a replantear el proyecto, que finalmente se canceló—, un litigio internacional y numerosos aplazamientos, finalmente se firmó el contrato para la construcción de la Planta Desalinizadora Rosarito. Las empresas Cox Energy y Cox Water ganaron la licitación que realizó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) bajo el esquema de invitación.

La ubicación de la planta, que tendrá una capacidad para producir hasta 2 mil 200 litros de agua potable por segundo para Tijuana y Playas de Rosarito, es la misma que contempló el exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid en el Ejido Mazatlán, quien el 23 de marzo de 2018 colocó la primera piedra. Al evento asistió Milton Rubio, director general de NSC Agua, S. A., que había ganado la adjudicación del proyecto; el proyecto contemplaba desalar hasta 2.2 metros cúbicos por segundo, con lo que sería «la más grande de Latinoamérica».

La actual planta, adjudicada luego de dos declaratorias de concurso desierto (noviembre de 2025 y junio de este año) y varios aplazamientos de la adjudicación por el proceso de revisión de las propuestas, tendrá una inversión estimada de 12 mil 861 millones 400 mil pesos que aportarán el Gobierno Federal —que se hará cargo de la construcción de la planta— y el estado, instancia que llevará a cabo las obras de infraestructura para la conducción del líquido a los hogares de los dos municipios y parte de Ensenada.

El proyecto forma parte del Plan Nacional Hídrico y responde a la necesidad de contar con nuevas fuentes de abasto para la zona costa de Baja California, que actualmente depende casi exclusivamente del río Colorado, lo que, sumado a la escasez de lluvias en la región, genera incertidumbre por la disposición del recurso, entregado por el gobierno de Estados Unidos.

De acuerdo con el reporte de Banobras, la construcción arrancó el pasado 1 de septiembre y el fin del contrato con Cox Energy y Cox Water —de capital español— está proyectado para el 31 de agosto de 2029.

En la memoria de la población bajacaliforniana quedó el intento de construcción de la planta por el panista «Kiko» Vega, quien enfrentó manifestaciones multitudinarias en protesta por la pretendida adjudicación del proyecto a la empresa extranjera, a la que tendría que pagarse 89 mil millones de pesos durante 37 años, por la construcción de la planta bajo un esquema de Asociación Público Privada (APP).

El sucesor de Vega en el gobierno del estado, Jaime Bonilla Valdez, canceló el proyecto, lo que costó una demanda internacional de la empresa de origen holandés Consolidated Water —de la que es subsidiaria NSC Agua, S. A.—, que reclamaba un pago de más de 50 millones de dólares por los gastos realizados en el proyecto fallido, conflicto que quedó saldado con la adquisición del terreno por parte del gobierno de México, por un monto de 800 millones de pesos.