Denuncian a Bonilla por abuso de autoridad y coalición de servidores
Una denuncia penal por los delitos de abuso de autoridad y coalición de servidores públicos se presentó en contra del senador Jaime Bonilla Valdez y tres exfuncionarios de su administración en el gobierno de Baja California por la expropiación de unos campos de beisbol para crear una supuesta área verde en Playas de Tijuana.
El caso es que los terrenos se despojaron de quienes los poseían con la sola publicación del Proyecto de Acuerdo Expropiatorio que incluyó la Declaratoria de Expropiación por Utilidad Pública, sin que se agotaran los tiempos y derechos de los afectados ni se publicara el Decreto correspondiente.
La querella que se remitió a la Unidad de Investigación de en Delitos Patrimoniales incluye además de Bonilla Valdez al entonces secretario General de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano y los exfuncionarios del gobierno estatal Edith Méndez Martínez y José Luis Diaz Martínez.
En la actualidad, el exgobernador Bonilla Valdez pertenece a la bancada del Partido del Trabajo en el Senado de la República al renunciar al grupo parlamentario de Morena, mientras que Rodríguez Lozano se incorporó al equipo de Claudia Sheinbaum en la Ciudad de México.
Es la tercera ocasión que se presenta una denuncia penal contra el empresario tijuanense; una del propio Gobierno del Estado por daño patrimonial que provocó un contrato ilegal con la empresa Next Energy para construir una planta de generación de energía fotovoltaica y otra del Partido Acción Nacional por corrupción en la contratación de la empresa Fisamex para el cobro de agua en Tijuana y Mexicali.
Al estar en un escaño, cuenta con os beneficios de tener fuero federal hasta agosto de 2024, por lo que ha evitado comparecer ante jueces estatales.
Según el Número Único de Caso 0204-2023-40664, la denuncia por escrito la presentó la tarde del jueves 7 de septiembre de 2023 el representante legal de la asociación civil Liga de Beisbol El Buen Vecino de Playas de Tijuana, Jorge Luis Fuentes Valdez.
El Proyecto de Decreto Expropiatorio, firmado por Jaime Bonilla y Amador Rodríguez, se publicó en el Periódico Oficial del Estado el lunes 25 de octubre de 2021 que consistía en enajenar 38 mil 720 metros cuadrados para destinarlos a un parque público bajo el argumento que Playas Tijuana necesitaba espacios verdes ya que justifica que el desarrollo urbano de Tijuana no es consistente con la importancia de esa ciudad ya que presenta diversas carencias por la distribución y baja calidad de infraestructura, servicios, equipamiento, espacios públicos y oportunidades de empleo.
También señala que el terreno federal se cedió en comodato a la liga de béisbol pero después aparece como propietaria Vanessa Lizette Rodríguez, de acuerdo al expediente 117-2017 del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, como parte de un litigio en el Juzgado Segundo de lo Civil, por lo que el terreno se expropia de oficio a favor del Poder Ejecutivo de Baja California a causa de utilidad pública y de beneficio social.
A cinco días que concluyera su mandato como gobernador de Baja California ordenó la expropiación y al día siguiente, martes 26 de octubre de 2021, sus funcionarios tomaron posesión del terreno con la fuerza pública.
El día del desalojo de las instalaciones del Club de Beisbol, los afectados acusaron a Bonilla Valdez de pretender desincorporar y comercializar la manzana 53, una zona de alta plusvalía donde se ubican los tres predios de los campos de béisbol, para convertirla en un complejo habitacional frente al mar.
Un caso similar fue la pretensión de expropiar el Club de Golf Campestre para convertirlo en un área verde para la ciudad, sin que tampoco culminara el proceso de expropiación y provocara la movilización de vecinos y usuarios de este espacio privado.
En ambos casos, los proyectos de acuerdo expropiatorio carecían también de la viabilidad financiera ante el impacto en el Presupuesto de Egresos del Gobierno del Estado del ejercicio 2021 por el pago de indemnización. La indemnización del Club de Beisbol superaba los 200 millones de pesos.
