Denuncia corrupción en Ensenada y la alcaldesa la despide

Ensenada, 6 de septiembre.– La alcaldesa de Ensenada, Claudia Agatón Muñiz, destituyó a Ayerim Guadalupe Magallón Granados de la dirección de Bienestar Social Municipal, decisión que la ahora ex funcionaria calificó como una represalia por haber denunciado actos de corrupción al interior del gobierno.

En un comunicado, la presidenta municipal justificó la salida de Magallón Granados afirmando: «Ensenada necesita hoy un nuevo rumbo en esta área estratégica, con una visión renovada, sólida y totalmente alineada a los principios de transparencia, legalidad y compromiso social que guían a este gobierno». Aseguró que su administración «actúa con responsabilidad, con claridad de rumbo y con la firmeza necesaria para tomar decisiones cuando la ciudad lo requiere».

Sin embargo, en una entrevista, la ex directora ofreció una versión diametralmente opuesta, acusando a la alcaldesa de despedirla como venganza por sus denuncias. «Es la venganza por haber denunciado todo lo que estaban haciendo mal y siguen haciendo mal», declaró Magallón Granados. Sobre las acusaciones publicadas en redes sociales que buscan desprestigiarla, retó: «las notas que están saliendo de presidencia donde dicen que yo pedí dinero por obras que me revisen, les doy mis estados de cuenta de las tarjetas del banco para que vean que si hubiera agarrado dinero estuvieran saturadas».

La ex funcionaria reveló la cercanía que tuvo con la alcaldesa, lo que, según ella, hace más evidente la naturaleza política del despido. «Fui su coordinadora de campaña, seis años le ayudé con todo el trabajo legislativo del Congreso del Estado… además soy su suplente como presidenta municipal», declaró, añadiendo que durante su gestión «fui víctima de muchos actos que me callé y dejé pasar… después claramente fueron actos de violencia política».

Magallón Granados identificó como el detonante de su salida la denuncia de irregularidades en el manejo de los recursos del Ramo 33. «Ya no lo podía dejar pasar porque era un acto técnico-jurídico, que de continuar podíamos caer todos en una responsabilidad», explicó. Afirmó haber informado de la situación tanto a la Sindicatura como a la Secretaría de Bienestar en la Ciudad de México.

Sobre su capacidad para verificar que las obras continúen cumpliendo con la normativa, señaló: «Ya no tengo acceso a la plataforma para subir las obras debido a que ya hicieron un cambio de contraseña». Finalmente, se deslindó de cualquier responsabilidad sobre las obras en curso y reiteró su postura: «Yo no estoy en contra de ninguna obra, yo estoy a favor de que todas las obras cumplan con las factibilidades… si esto es una venganza por haber expuesto que no están haciendo las cosas bien… pues yo no podía evitar esto».

El conflicto tiene como trasfondo la gestión de los recursos federales del Ramo 33, específicamente del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FAISMUN), que para Ensenada asciende a 132 millones de pesos en 2025.

El detonante 

Tan sólo un día antes de su despido, el jueves 4 de septiembre, la administración de la alcaldesa Claudia Agatón Muñiz anunció la validación de un «segundo paquete de obras» por parte del Consejo de Desarrollo Social Municipal (CDSM), que preside. Este paquete consta de 27 obras que serían turnadas al Cabildo para su análisis. La administración afirmó que con este, sumaban 32 obras en ejecución por un monto de 68.6 millones de pesos.

Sin embargo, es en este proceso donde Magallón Granados alegó haber identificado y denunciado irregularidades. A través de sus redes sociales, la entonces funcionaria había hecho públicas sus advertencias sobre el riesgo de que se autorizaran obras que, a su juicio técnico, no cumplían con todos los requisitos de factibilidad y normativa establecidos en el manual de operación. Su principal argumento era que, de proceder así, se exponía al municipio y a los funcionarios involucrados a futuras responsabilidades.

Su denuncia pública confronta directamente el comunicado oficial que celebraba la «aprobación» del paquete de obras, sugiriendo una grave discrepancia entre el procedimiento técnico que debía seguirse y la decisión política que se estaba tomando.