Demanda por cancelación de desaladora en Rosarito se resolvió con pago de 800 mdp
Tijuana, 19 de junio. El Gobierno de Baja California ya no se encuentra en un litigio internacional por la cancelación del proyecto original de la planta desaladora de Playas de Rosarito luego de que se pagarán 800 millones de pesos a la empresa Aguas de Rosarito, en parte como indemnización y en parte para comprar el terreno donde se construirá una nueva planta, ahora con recursos públicos.
La información del fin del litigio se dio durante la conferencia mañanera de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda, en la que el titular de la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua (Seproa), Víctor Daniel Amador Barragán, dio a conocer los avances que se tienen en materia de infraestructura hídrica en el estado.
Recordando el proyecto original de la desaladora, el funcionario aseveró: “es un proyecto que se quedó ahí tirado (…) fue un proyecto torpemente cancelado por el gobernador anterior (Jaime Bonilla). Ya lo estamos trabajando, ya se compró el terreno a través de Fonadin, ellos ya pagaron la escrituración, solo falta que Fonadin nos entregue el terreno al estado”.
La planta desaladora fue fuertemente criticada cuando se anunció su construcción con recursos privados en la administración del exgobernador panista Francisco Vega de Lamadrid, ya que su construcción y operación le costaría al gobierno estatal 149 millones de pesos mensuales por 37 años.
Aunque no se mencionó directamente en la conferencia, durante la presentación de diapositivas que acompañó los comentarios del secretario se aseguró que “la empresa estuvo de acuerdo en cancelar la demanda de arbitraje internacional”.
Amador Barragán mencionó que la demanda fue “retirada el mes pasado, hace como dos semanas ahora que se firmó y pagó (el terreno) llegó una notificación al gobierno central de que se había quitado la controversia de arbitraje».
Cabe resaltar que en 2020, cuando el gobierno de Jaime Bonilla canceló la construcción de la planta por considerarlo un problema financiero para el estado, la empresa solicitó una indemnización de 100 millones de dólares en el arbitraje.
Sin embargo el Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) realizó el pago de los 800 millones de pesos para la compra del terreno en Rosarito para que el gobierno estatal y federal puedan construir una nueva planta.
Este proyecto será financiado con dinero público, en lugar de recursos privados y deuda, como era la planta original.
