Demanda Congreso a FGE esclarecer filtración de datos de agentes de BC
Mexicali, 16 de enero. El Congreso del Estado instó a la Fiscalía General del Estado (FGE) a esclarecer la filtración de datos de mil 304 agentes estatales, los cuales terminaron en «foros de acceso pagado» o «en el mercado de la delincuencia».
La iniciativa de la diputada Yohana Hinojosa Gilvaja, aprobada de manera unánime por parte de todas las fuerzas políticas en la primera sesión del año, advirtió la vulneración de las bases de datos de elementos de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), ya que también se publicó la Clave Única de Identificación Permanente (CUIP).
Al referirse a las declaraciones del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Laureano Carrillo Rodríguez, en el sentido de que no hubo hackeo sino «filtración interna», la legisladora ironizó: «perfecto, entonces es peor porque significa que el enemigo no está fuera, sino dentro de la corporación, hoy hablamos de datos personales, pero también estamos hablando de vidas expuestas, de agentes marcados, de familias en riesgo y de investigaciones comprometidas».
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Hinojosa Gilvaja exigió a la fiscal, María Elena Andrade Ramírez, decir «la verdad», ubique a los responsables de la filtración y aplique consecuencias reales, no comunicados, «porque cuando se exhibe a la policía investigadora lo que se fortalece no es la transparencia, sino el crimen».
En su exposición dijo: «creo que lo mínimo que puede hacer la fiscal es presentarnos a los responsables de estas filtraciones y se tomen las medidas de todo orden para evitar que la información relevante y reservada de la institución se vuelva a vulnerar».
Además de la filtración de datos de agentes de la AEI a finales de 2025, también se hicieron públicos datos del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda de Baja California (Indivi), luego de que un usuario de la llamada «deep web» advirtiera que haría más filtraciones, lo que hizo ya en este mes.
Carrillo Rodríguez afirmó que cuando se enteró de las filtraciones se puso en contacto con ambas dependencias «las únicas» que pueden determinar si hubo hackeo, o identificar a responsables de hacer públicos los datos.
Además de la CUIP y nombre completo de agentes, también se hicieron públicos sus teléfonos, correos electrónicos y municipio de adscripción.
