Del contrabando de alcohol al consumo de fentanilo: Un siglo de violencia en Tijuana

Fotos Heriberto Paredes / Pie de Página

Tijuana. Hace más de cien años esta frontera no era otra cosa que un ejido lleno de rancheros y campesinos que pastoreaban ganado. Algunas veces, cuentan las crónicas oficiales, recibían visitas de turistas norteamericanos para ver carreras de caballos o peleas de box. Algo normal si se toma en cuenta que los Estados Unidos están a un par de kilómetros que bien se pueden recorrer caminando.
El destino de Tijuana, sin embargo, cambió a inicios del siglo XX con la ley Volstead, que prohibía la venta, producción y consumo de alcohol en los Estados Unidos. Tras ello, las fronteras se volvieron casinos, tugurios y cantinas para un montón de gringos sedientos. Los dólares comenzaron a circular, y  sobrevino la bonanza.

Años más tarde, durante la Segunda Guerra Mundial, cientos de miles de personas del país migraron hacia el norte, buscando mejorar sus condiciones económicas. Algunos otros, también, lo hicieron con la esperanza de cruzar al otro lado. Tan solo en Tijuana, de los 21 mil 977 habitantes censados en 1940, la cifra aumentó a más de 65 mil para la década de los 50. Y con esto también incrementaron los problemas.

El estrés postraumático de los soldados, y una fallida guerra en Vietnam, hizo que la sed de los norteamericanos tomara otros rumbos. Para saciarla estaban drogas como la marihuana, la cocaína y la heroína. Se abrieron nuevos mercados para satisfacer esta demanda. Los principales beneficiarios de esto fueron las organizaciones criminales que, asociadas con gobiernos, policías y militares corrompidos, levantaron un negocio de proporciones transnacionales. Así lo han señalado diversos reportajes sobre el tema.

Nuevos actores que venían del contrabando de alcohol y la producción de estupefacientes tomaron el control de este mercado. Grupos como el Cártel de Guadalajara, de Sinaloa, Juárez y del Golfo aparecieron en el mapa. Tijuana no se quedó atrás, y una banda criminal acaparó el negocio en esa frontera: los Arellano Félix.

La historia es larga, pero el resultado fue un fin de siglo marcado por la violencia y la disputa por el territorio para el contrabando, según la versión oficial. Violencia que trastocó la vida en la frontera y que, aunque no la define, marcó su vida hasta nuestros días.

Tampoco este fenómeno ha sido algo generalizado, tiene sus altas y bajas. Por ejemplo, hasta antes del 2008 la violencia en Tijuana –y en toda Baja California– llegaba a límites críticos.

La violencia nunca ha dejado de azotar a esta ciudad fronteriza. En los hechos: Los actores parecen los mismos, pero los motivos se leen de forma distinta. ¿Cómo explicarlo? Pero sobre todo, ¿cómo revertirlo? Son las preguntas que académicos, periodistas, activistas y la ciudadanía en general se hacen. Las respuestas no son sencillas.

Un verano caliente

Son poco más de 40 grados centígrados los que se sienten en Tijuana. Restaurantes, bares y hoteles tienen sus aires acondicionados funcionando al tope. En la terraza de un estacionamiento nos vemos con una colega periodista. Ella, como la mayoría de los entrevistados, pide que su identidad sea anónima. “Las cosas no están fáciles por acá”, nos dice, y añade con ironía que el verano está muy caliente, “y no precisamente por el calor”.

De fondo se mira a la muchedumbre sobre la mítica avenida Revolución, donde el calor no parece importar mucho. Turistas recorren las aceras buscando algún lugar para pasar la tarde. Usan gafas oscuras y sombreros para cubrirse del sol. El paisaje sonoro revela la multiculturalidad de este lado de la frontera, con una mezcla entre español e inglés que se entona desde diferentes acentos. Las noches, aunque calurosas, siguen siendo de los bares y la calle que nunca duerme.

El paisaje es muy distinto al de hace algunas semanas, cuando de acuerdo con el gobierno federal integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) protagonizaron bloqueos, balaceras y quemas de automóviles y tiendas de autoservicio en la ciudad. Un fenómeno que se repitió en varias ciudades de Baja California y otros estados de la república.

Por aquellos días las imágenes de la Revolución eran distintas. Una calle sola. Con las luces apagadas y apenas algunos transeúntes que, precavidos, caminaban entre policías, Guardia Nacional y vehículos del ejército.

“Nadie quería salir, pero ahorita la cosa ya cambió”, dice un taxista mientras conduce hacia la colonia el Tecolote, en las periferias de la ciudad, “pero siguen pasando cosas”, agrega. Mientras, señala un camino de doble sentido donde apenas unas horas antes, asegura, había un retén militar. “A veces, por estas colonias, te encuentras a gente tirada en el camino. Hay quienes están amarrados de las manos… La verdad sí da miedo”.

En agosto, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, informó que el estado de Baja California ocupaba el segundo lugar nacional en homicidios dolosos. De enero a julio de este año, se han contabilizado mil 170 carpetas de investigación por este delito, entre estos los de los periodistas Lourdes Maldonado y Margarito Martínez.

De acuerdo con académicos de El Colegio de la Frontera Norte, quienes decidieron mantenerse anónimos para este reportaje, más del 60 por ciento de la actividad criminal del estado se concentra en Tijuana, donde de acuerdo a información del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública –con corte a julio de 2022– se contaban con 53 mil 823 carpetas de investigación por los delitos de homicidios dolosos, robo de vehículos y narcomenudeo, seguido por Mexicali y Ensenada.

Los académicos señalan que el aumento de estos delitos deviene de una disputa entre los tres cárteles que se pelean el control del estado y sus fronteras: el Jalisco Nueva Generación, remanentes de los Arellano Félix y el Cártel de Sinaloa, así como subgrupos que se dividieron de estas organizaciones criminales tras la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. Pero también, añaden, existe otro fenómeno que no se había presentado previamente: el incremento en el consumo de drogas.

Los muertos que no se nombran

Las historias abundan, y leyendo la prensa local las noticias de los cuerpos sin vida abandonados en las calles parecen constantes. Algunos de ellos no tienen balazos o muestras de violencia. Solo están ahí, inertes, tirados sobre el piso. Muchos de ellos, se presume, han muerto por sobredosis. No se tiene mayor información de quiénes eran o qué ocurrió.

“Si alguien se muere en un bar, cantina o antro, nomás lo echan a la calle, ahí afuera del lugar y a ver si alguien lo recoge o se lo lleva una ambulancia. Nadie pregunta nada”, dice nuestra colega.

El aumento de la violencia en esta ciudad y en la entidad, coinciden los entrevistados, se debe a un aumento en el consumo de la droga de moda: el fentanilo. Si el consumo aumenta, dicen, entonces este negocio de venta a pequeña escala se vuelve redituable, y las organizaciones criminales con presencia en la región comienzan a disputarse ya no solo un tramo de frontera, sino a quién le compran más los clientes. Un negocio que, en la lectura de los entrevistados, es peleado por los subgrupos del crimen organizado.

De acuerdo con Ricardo Iván Sánchez Carpio, fiscal de Baja California, el consumo de este químico sí ha aumentado en la entidad. También señala que todavía predomina su uso como precursor para la producción de heroína y metanfetamina. Sin embargo, a pesar de ser este el uso más económicamente benéfico, el incremento en el consumo ha alarmado a la población y los servicios médicos, que no cuentan con naloxona, el medicamento para contrarrestar las sobredosis.

A pesar de que en la ciudad de Tijuana no hay datos para saber cuántas personas han fallecido a causa del consumo de fentanilo –ya que no se les realizan pruebas a los cadáveres–, lo que ocurre en Mexicali puede considerarse como una muestra representativa de la agudización de esta crisis.

Verter es una institución de la sociedad civil que lleva casi el único registro fiable tanto del uso de la naloxona como del consumo de ciertas substancias. Según sus propios datos, en este año se tiene un registro de al menos 600 casos de sobredosis. Esta cifra, en términos concretos, supera los registros de 2019, 2020 y 2021 juntos.

Por la cantidad de cuerpos en el Servicio Médico Forense, tanto de Mexicali como de Tijuana, se han establecido algunos parámetros del perfil demográfico de las personas consumidoras, teniendo en su mayoría hombres de entre 30 y 40 años y una proporción menor de mujeres, que según Verter, usan más las medidas de reducción de daños que esta institución ofrece en el caso de Mexicali.

Aunque hay una necesidad extrema de tener datos más precisos, la Fiscalía estatal se mantiene muy hermética al respecto. Así lo señala Raúl Ramírez Baena, activista especializado en temas de violencia, y que aunque actualmente es el comisionado de la CNDH en Baja California, decide hablar en esta entrevista desde la sociedad civil.

Estas problemáticas tienen su origen en visiones militaristas de la seguridad pública que en vez de reducir la violencia y las adicciones, incrementaron la tortura y la impunidad. Ramírez Baena cita un ejemplo: la gestión de Julián Leyzaola Pérez, un exmilitar en estado de retiro que en 2008 tomó bajo su mando a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana. A Leyzaola se le considera un mito por haber “pacificado y limpiado a la ciudad de criminales”.

La versión de Ramírez Baena, sin embargo, es otra.

El mito del justiciero

Antes de 2008 la disputa por el control de Tijuana escalaba a proporciones alarmantes. De acuerdo con la versión oficial, el Cártel de los Arellano Félix sostenía un viejo conflicto con el Cártel de Sinaloa para controlar el trasiego de droga. Esto sembró el horror en la frontera. Al frente del estado estaba el panista José Guadalupe Osuna Millán, quien antes había sido alcalde de Tijuana.

En Tijuana, otro miembro de su partido asumía las riendas de la ciudad fronteriza: Jorge Ramos Hernández.

Eran los tiempos de la guerra que Felipe Calderón declaró al crimen organizado. Guerra que, con los años, vinculó a militares y a los mandos de la entonces procuraduría y la agencia federal de investigación como operadores del cártel de Sinaloa. Guerra que, como han documentado decenas de defensores, sumió al país en una vorágine de violencia y graves violaciones a los derechos humanos.

Ramírez Baena lo dice sin miramientos:

“La Guerra al Narco, desde que apareció con Calderón, lo que hizo fue atacar a los cárteles que no eran aliados con el aparato”.

A partir de esto, se diversificó la presencia de cárteles y células del crimen. “Se atacó a unos cárteles y se protegió a otros. Entonces esos que fueron atacados sufrieron mellas, subdivisiones. Capturaron capos, y la captura de capos provoca un pleito entre los que están abajo para ver quién liderea, y tienen que hacer más uso de violencia para imponer su autoridad”, explica.

Esto se tradujo en un recrudecimiento de la violencia, pero la respuesta del gobierno de ese entonces fue sumarse a la guerra.

Al frente de esta estrategia llegó un personaje oscuro y polémico, extraído de las fuerzas armadas, que marcó la vida de Tijuana: Julián Leyzaola Pérez.

Entre las historias de la prensa local se dice que aquel ex militar que asumió la Secretaría de Seguridad Pública en 2008 gustaba de salir a las calles de Tijuana con su pistola al cinto, retando a los narcos, diciéndoles «cobardes». Algo así como un sheriff del viejo oeste, que en realidad usó la tortura y el abuso de poder como política de seguridad. En la lectura de Ramírez Baena, Leyzaola “era el mito del justiciero”.

Antes de asumir su cargo, en 2003 Leyzaola había sido director del sistema penitenciario de Baja California. Durante su gestión ocurrió una fuga masiva de reos que vinculó al ex militar con el crimen organizado. La sospecha no creció a más. Tampoco puede comprobarse. Años más tarde Leyzaola llegaría a la Secretaría de Seguridad Pública de Tijuana.

“Él [Leyzaola] se basó en el mito del súper héroe que viene a salvar a la población vulnerable, pobrecita, a través del uso excesivo de la fuerza y de la tortura como mecanismo de fabricación de delincuentes, de criminales”, dice Ramírez Baena.

Al inició de su gestión, la promesa de mano dura empezaba a cobrar sentido cuando despidió a 400 policías y acusó a 25 de ellos de trabajar para el Cártel de los Arellano Félix. Esto a la par de que el índice de delitos comunes se había reducido al 7 por ciento en la ciudad. Sin embargo, organizaciones de Derechos Humanos en la entidad, en donde participaba Ramírez Baena, documentaron cientos de acusaciones por tortura y fabricación de delitos.

Policía militarizada e infiltrada

Para el defensor de derechos humanos, Leyzaola alimentaba narrativas que lo blindaban de estas acusaciones, diciendo que “el que defiende derechos humanos defiende delincuentes, entonces a los delincuentes hay que erradicarlos, hay que desaparecerlos, hay que matarlos. Ahí se pierde la esencia y la naturaleza de la presunción de inocencia, del debido proceso, de la libertad personal, del respeto por el Estado”.

A su vez, los vínculos del ex militar con células de los Arellano Félix daban al traste con su fachada de justiciero incorruptible. La colusión fue evidenciada hasta 2011, cuando Wikileaks publicó un cable del cónsul estadounidense en Tijuana donde reconocían un acuerdo entre Leyzaola y los Arellano Félix para aprehender a un capo del Cártel de Sinaloa que operaba en la ciudad: Teodoro García Sarmiento “el Teo”.

De igual forma, Ramírez Baena precisa que la reducción porcentual del índice delictivo durante la gestión de Leyzaola “es absolutamente relativo. No hubo una medición científica, una medición independiente que probara que con esos métodos se reducía la violencia”.

Lo que sí se probó es que durante su paso por Tijuana las quejas por violaciones graves a los derechos humanos – como la tortura y la incriminación– aumentaron. También carga a cuestas carpetas de investigación por homicidio que le costó la inhabilitación de ejercer cualquier cargo público por 10 años.

Sin embargo, poco bastaron estas pruebas para que Leyzaola siguiera presentándose como un “guardián” de la frontera. Esta pantomima, inclusive lo llevó a ser nombrado jefe de la seguridad pública en Ciudad Juárez, Chihuahua, en 2011. Ahí, el ex militar también acumuló acusaciones por tortura y violaciones a los derechos humanos.

“Leyzaola es el ícono de la tortura en México, del México posmoderno”, dice Ramírez Baena. Su afirmación es secundada por los académicos de El Colef entrevistados para este reportaje, quienes además critican la estrategia de militarización de la policía civil. Algo que en sus lecturas es parte del origen de los problemas que actualmente vive Tijuana.

A la vez, resaltan que la infiltración de las policías estatal y municipal por grupos del crimen organizado fue también un fenómeno que se recrudeció tras la salida de Leyzaola. Y actualmente, tras la diversificación de las células criminales, ha dejado en un estado inoperante a estas corporaciones de seguridad en Tijuana y el resto de Baja California.

El panorama que se viene para la ciudad, concluyen todos los entrevistados, no pinta nada bien. Predicen que la violencia seguirá aumentando por la disputa del consumo en la ciudad. A esto, reflexionan, la respuesta no debe ser la presencia de militares y Guardia Nacional, quienes se han visto rebasados por los grupos criminales. Lo que puede garantizar la paz, afirman, es el fortalecimiento de la organización comunitaria y una política de prevención social y seguridad ciudadana.

“Lo que ocurre en las colonias es muy distinto a lo que sucede en el centro de Tijuana. Allá de pronto llegan a balacear en las tienditas donde venden la droga o en algunas casas donde se juntan a consumir. Y pasa lo mismo de siempre, no se sabe nada, pero todo mundo ahí tiene miedo”, precisa Ramírez Baena.

Sin organización comunitaria no hay salida

“Aquí no hay otra sopa más que promover el desarrollo comunitario. Una cosa a la que las autoridades no le han querido entrar nunca es a la construcción de ciudadanía, a la autogestión de las comunidades, a la organización comunitaria, le tiene mucha reserva el Estado mexicano, no nada más los gobiernos municipales y estatales, porque empoderar a la ciudadanía generaría una fuerza ciudadana y política muy importante”, sentencia Ramírez Baena.

Y añade que “podría ser una salida, empoderar a la ciudadanía para que cree sus propias estructuras de seguridad pero tiene que contemplarse necesariamente el desarrollo social, el desarrollo humano y el desarrollo comunitario para satisfacer las necesidades básicas de la población, incluyendo la dotación de servicios en las colonias. Hay colonias que no tienen pavimentación, alumbrado público, que no hay rutas de transporte público y la gente tiene que caminar y son víctimas, sobre todo las mujeres jóvenes. Aquí se crea un conflicto porque la sociedad no está organizada”.

En otros estados con altos niveles de pobreza, marginación y violencia, como Guerrero y Michoacán, los grupos de autodefensas también señalaron en su momento, que no era posible que el gobierno federal invirtiera en más armas y mayor presencia de elementos si estos no hacían su trabajo y si en realidad lo que hacía falta lo básico de una sociedad: vivienda, trabajo, salud, educación, alimentación y cultura. En muchas zonas del país las comunidades y colonias viven ahorcadas en la miseria y el temor, y es ahí donde también crece rápidamente la presencia de organizaciones criminales, el consumo de drogas y su venta incontrolable.

Otro camino, concluye el defensor de derechos humanos, “sería profundizar en la educación, con principios y valores, como educación para la paz y los derechos humanos, que ya está muy lista pero no permea en la educación pública, sobre todo primaria y secundaria. Transitar de la seguridad pública a la seguridad ciudadana”.