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Baja California

Defensores del agua en BC denuncian persecución del Congreso

Por: La Jornada Baja California

Mexicali, BC, 4 de julio.- Activistas bajacalifornianos que defienden el agua en la entidad acusaron al Congreso local de persecución política. Los ambientalistas han centrado sus esfuerzos en la defensa del agua del río Colorado, rechazando la instalación de una cervecera estadunidense en el valle de Mexicali y la construcción de plantas desaladoras en la región.

El grupo, entre cuyos primeros logros está derogar la Ley Estatal del Agua de Baja California promovida por el entonces gobernador Francisco Vega, denuncia que el Congreso local busca judicializar un caso de 2017 en el que en su momento el Ministerio Público determinó el no ejercicio de acción penal, por considerar inexistente el delito que les imputaban a los activistas.

Los activistas mantuvieron desde 2016 movilizaciones en el Congreso local, el Ayuntamiento de Mexicali, dependencias estatales y fuera de la planta de la cervecera Constellaltion Brands que estaba en construcción en la capital del estado. Las protestas incluso generaron enfrentamientos con fuerzas públicas, de administraciones panistas.

Buscan revivir expediente archivado

A raíz de las acciones, en octubre de 2017 la legislatura, de mayoría panista, interpuso una denuncia por el delito de despojo contra los activistas. En ella se señala a Alma Araceli Piña, Tania Gallaga, Gabriela Aranguren, Raquel Camacho y Fernando Zambrano, León Fierro, Jorge Benítez, Filiberto Sánchez, por apropiarse del inmueble de la Cámara de Diputados local, según el expediente del número único de caso 02/2017/42577.

El fiscal Regional de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil, indicó que el Ministerio Público determinó entonces no ejercer acción penal, pues se consideró la inexistencia del delito mencionado.

Aunque se archivó el expediente, en el juzgado cuarto del Sistema Penal Acusatorio se programó, ahora por parte de una Legislación de mayoría morenista, audiencia para el próximo 8 de julio para que la Dirección Jurídica del Poder Legislativo impugne de manera formal la no acción penal.

Con información de Antonio Heras

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