Congreso exige levantar padrón de autos «chocolate» en BC
Tijuana, 6 de diciembre.- El Congreso de Baja California respaldó por unanimidad un exhorto presentado por la diputada Yohana Gilvaja para que se levante un padrón estatal de vehículos que circulan en situación irregular, con el fin de fortalecer la seguridad pública en el estado.
El exhorto, dirigido a la Secretaría de Hacienda del Estado y a la Secretaría de Seguridad Ciudadana, requiere al titular de Hacienda, Andrés Pulido Saavedra, para que, en coordinación con el titular de Seguridad Ciudadana, general brigadier Laureano Carrillo Rodríguez, se levante un padrón estatal de vehículos irregulares con fines de prevención, investigación y fortalecimiento de la seguridad pública.
La legisladora del Partido del Trabajo indicó que es indispensable insistir en la gravedad del contexto actual: «Tenemos que reiterar una y otra vez la situación de inseguridad y violencia que tenemos en Baja California. Solo de esa manera vamos a contribuir para que las cosas mejoren y se contenga la delincuencia», afirmó.
Vehículos irregulares vinculados a delitos
Gilvaja recordó que el decreto federal para regularizar vehículos usados de procedencia extranjera tuvo como propósito central contribuir a la seguridad pública. Sin embargo, a pesar de los avances en regularización, la diputada refirió que diariamente continúan circulando vehículos conocidos como «chocolates» o irregulares, los cuales representan un riesgo al ser frecuentemente utilizados para delinquir.
«La permanencia de estas unidades en las calles facilita su uso para la comisión de delitos, por lo que las personas propietarias o poseedoras que no optaron por la regularización no pueden seguir circulando en dichos vehículos, ya que atenta contra la función de la seguridad pública», explicó.
En su intervención, Yohana Gilvaja anunció una iniciativa mediante la cual propone reformar la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Ciudadana, a fin de que las personas poseedoras de vehículos de procedencia extranjera que no cuenten con placas nacionales ni acrediten la legal estancia, sean requeridas por la autoridad fiscal para incorporarse, en un plazo de un mes, al programa de regularización.
De no hacerlo, la circulación del vehículo será suspendida y quedará asegurado para su entrega a la autoridad fiscal federal.
Además, la iniciativa plantea que, al emitir dicho requerimiento, la autoridad fiscal registre los datos de identificación de cada vehículo para integrar un padrón estatal de unidades irregulares, el cual permitirá dar seguimiento al destino de cada automotor una vez vencido el plazo.
