Congreso de BC aprueba testigos sociales para vigilar contrataciones públicas
Tijuana, 16 de septiembre.- El Congreso de Baja California aprobó por unanimidad la incorporación de testigos sociales como mecanismo de vigilancia ciudadana en las contrataciones públicas de obras y servicios, una propuesta impulsada por el diputado Ramón Vázquez Valadez.
La reforma modifica el artículo 4 y añade los artículos 33 Bis y 33 Ter de la Ley de Obras Públicas, Equipamientos, Suministros y Servicios Relacionados con la Misma del Estado, tras ser dictaminada por la Comisión de Desarrollo Metropolitano.
El diputado Vázquez Valadez justificó la medida como parte de un esfuerzo internacional por fortalecer la transparencia gubernamental.
«En los últimos 20 años, gobiernos de distintas partes del mundo han adoptado medidas para fortalecer la rendición de cuentas. Esta reforma coloca a Baja California en sintonía con ese esfuerzo global», expresó el legislador.
Te puede interesar: Exige Congreso de BC a centros comerciales que refuercen su seguridad
Los testigos sociales podrán ser personas físicas o morales que se registren en un padrón público administrado por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Para participar deberán contar con acreditación técnica en materia de obras públicas emitida por la misma dependencia.
Durante los procesos de licitación, tendrán derecho a voz para vigilar y evaluar que las decisiones se tomen con transparencia, legalidad e imparcialidad.
Vázquez Valadez destacó la importancia de la participación ciudadana directa en el manejo de recursos públicos.
«La ciudadanía debe tener un asiento en la mesa cuando se trata del uso de recursos públicos. Esta figura permite que las contrataciones se realicen bajo escrutinio ético y técnico», subrayó.
La nueva legislación otorga a los testigos sociales funciones específicas como observar y vigilar procedimientos, proponer mejoras, reportar irregularidades, dar seguimiento a recomendaciones y elaborar informes finales con sus observaciones.
La reforma alinea la legislación estatal con compromisos internacionales asumidos por México, incluyendo la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y la Alianza para el Gobierno Abierto.
