Congreso de BC aprueba reforma para reconocer violencia en el noviazgo como delito
Tijuana, 28 de febrero.- La Comisión de Igualdad de Género del Congreso del Estado aprobó una reforma a la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para Baja California, con el objetivo de reconocer y definir expresamente la violencia en el noviazgo como una modalidad de violencia contra las mujeres.
La reforma, presentada por la diputada Evelyn Sánchez Sánchez, modifica el artículo 4 y adiciona un artículo 7 Bis a la citada ley, a fin de incorporar el concepto de noviazgo y establecer la definición jurídica de violencia en este tipo de relaciones afectivas.
La diputada inicialista presentó una reserva para modificar la definición de noviazgo, ya que actualmente en la ley se presupone que es una relación temporal que busca la formalización permanente, lo cual excluiría del ámbito de protección las relaciones de noviazgo que no aspiran a dicha situación.
De acuerdo con el dictamen que fue aprobado en lo general y en lo particular, se entenderá por noviazgo la relación sentimental voluntaria y temporal entre dos personas que no están unidas por vínculo matrimonial ni concubinato.
Asimismo, se define la violencia en el noviazgo como toda acción u omisión intencional, de naturaleza abusiva, ejercida por quien sea o haya sido pareja sentimental de la mujer, con el propósito de dominar, controlar, agredir, manipular, humillar, hostigar o ejercer presión que lesione su dignidad, integridad o libertad.
El dictamen señala que la reforma tiene sustento en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en instrumentos internacionales como la Convención de Belém do Pará y la CEDAW, que obligan al Estado a prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia contra las mujeres, sin restringir su protección únicamente al ámbito familiar tradicional.
Tras el estudio de constitucionalidad y técnica legislativa, la Comisión consideró procedente la iniciativa con ajustes de redacción para otorgar mayor claridad y certeza jurídica, evitando ambigüedades y armonizando su contenido con el resto de la ley vigente.
