Congreso de BC aprueba la municipalización del agua
Mexicali, 28 de julio.- El Congreso de Baja California aprobó con 13 votos a favor, 11 en contra y una abstención, el dictamen número 4 de la Comisión de Energía y Recursos Hidráulicos, respecto a la municipalización de las comisiones estatales de servicios públicos.
El dictamen aprobado reforma diversos artículos de la Ley que Reglamenta el Servicio de Agua Potable en Baja California. Asimismo, se modificó el artículo 38 bis de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, que otorga a los municipios las atribuciones y servicios públicos de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.
Las reformas otorgarán al Ejecutivo del estado el diseño, planeación, gestión y coordinación de las políticas públicas en materia de agua, así como la dirección y ejecución de las obras de los sistemas de agua potable.
Por su parte, la Secretaría para el Manejo, Saneamiento y Protección del Agua coadyuvará con los municipios la formulación de planes y programas que garanticen el correcto abastecimiento y tratamiento del agua
En cuanto al pago y las cuotas por consumo de agua, serán los organismos quienes determinarán los créditos y las bases para su liquidación, así como la fijación de la cantidad líquida y su percepción.
La iniciativa fue presentada por Jaime Bonilla Valdez
El documento en cuestión atiende la iniciativa del gobernador del estado, Jaime Bonilla Valdez, quien presentó la propuesta por conducto del secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano.
Durante la sesión ordinaria, al menos 5 legisladores se manifestaron en contra del dictamen, calificándolo de apresurado e inconcluso, pero solamente Javier Robles, Eva María Vásquez y Rosina del Villar Casas pudieron emitir su opinión ante El Pleno de la XXIII Legislatura de Baja California.
Opiniones en contra de las reformas
Rosina del Villar Casas dijo que era necesario un transitar que respetara el marco jurídico correspondiente, pues, aseguró, los ayuntamientos debieron aprobar las reformas con mayoría en los cabildos.
Por su parte, Javier Robles recriminó que sea a estas alturas que el Ejecutivo del estado envié la propuesta, ya que se tuvo que hacer un llamado a los alcaldes actuales y electos. Además, destacó que la gobernadora electa, Marina del Pilar Ávila Olmeda, será quien tendrá que poner en marcha la propuesta de Bonilla Valdez.
Eva María Vásquez Hernández, legisladora de oposición, expuso que se tiene que presentar un estudio presupuestal y financiero, para conocer lo que representará la transferencia a los municipios.
