Comparecen consejeros y ex consejeros del Ieebc por presuntos delitos electorales
Mexicali, 29 de mayo. Consejeros y ex consejeros del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) se presentaron a la audiencia de imputación por delitos electorales bajo la Causa Penal 10344/2022 impulsado por el representante de Movimiento Ciudadano ante el mismo organismo, Salvador “N”.
Pese a que el juez de Control Gerardo Anguiano Ceja inició la audiencia con Número Único de Caso 0204-2021-21654 integrada por la Fiscalía Electoral de Baja California, no acudió ningún representante por lo que no se pudo desahogar.
A la audiencia se presentó el presidente del organismo electoral Luis “N”, los consejeros Abel “N”, Olga “N” y Jorge “N”, además de los ex consejeros Lorenza “N”, Graciela “N” y Daniel “N” debido a que la denuncia corresponde al proceso electoral 2021.
Además, se imputó a Perla “N” funcionaria del instituto quien fue la única que solicitó un abogado de oficio, y Raúl “N”, actual secretario ejecutivo.
Pese a que se podría reclasificar el delito, los consejeros se encuentran acusados por incumplir el artículo 8, Fracción II de la Ley General en Materia de Delitos Electorales, el cual señala que “se abstenga de cumplir, sin causa justificada, con las obligaciones propias de su cargo, en perjuicio del proceso electoral”.
En el caso de Perla “N” además se le imputaría el artículo 7, Fracción XI:
“Se apodere, destruya, altere, posea, use, adquiera, venda o suministre de manera ilegal, en cualquier tiempo, materiales o documentos públicos electorales”.
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En la audiencia, el abogado defensor de Raúl “N” justificó su inasistencia derivado de una emergencia familiar.
El documento supuestamente alterado y votado, fue la integración de la planilla del Partido Encuentro Solidario en Mexicali en donde se anotó a Adriana López Quintero en lugar de Irán Yuliana Leyzaola Osorio.
Pese a que el PES fue el partido político afectado en ese momento, la denuncia la hizo Movimiento Ciudadano.
El representante de MC actualmente trabaja en el departamento jurídico del Instituto para el Desarrollo Inmobiliario y de la Vivienda (Indivi) perteneciente al Gobierno del Estado, el funcionario estatal acudió a la audiencia inicial en calidad de ofendido.
