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Baja California

BC sigue sin cumplir el 65% de los puntos de la alerta de género: CONAVIM

Por: Cristian Torres Cruz

Mexicali, 8 de septiembre.- Luego de casi 2 años de que autoridades federales hicieran la declaratoria oficial de la Alerta de Género para Baja California – el 25 de junio de 2021-, el gobierno estatal sigue sin cumplir 24 de las 39 recomendaciones establecidas en el documento.

El 26 de enero del 2020, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) presentó ante la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (SNPASEVM) una solicitud de Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (DAVGM), por los feminicidios ocurridos en la entidad. 

Sin embargo, fue hasta el 25 de junio de 2022  que la Secretaría de Gobernación a través de la CONAVIM emitió la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, que derivó en 39 medidas con las que tenía que cumplir la entidad.

En su informe anual, señalaron que Baja California no cumplió con 24 medidas, de las cuales 7 están relacionadas a la prevención, 7 a la seguridad, 7 a justicia y 3 a la reparación del daño.

El gobierno del estado tiene en proceso de cumplimiento apenas 15 medidas: 3 de prevención, 4 de seguridad, 6 de justicia y 2 de reparación de daño.

Hasta el momento no ha podido cumplir ninguna de las 39 medidas.

Mediante solicitud de transparencia y acceso a la información, la Secretaría General de Gobierno informó que,  al 30 de abril del 2022,  se tenía un avance del 46.15 por ciento, y un año más tarde no se han presentado avances significativos.

Incluso el diagnóstico federal solo reconoce un 38 por ciento de las medidas “en proceso de cumplimiento”, lo que representa un número inferior a lo informado por la entidad.

Medidas sin avance

Derivado del análisis del documento, al menos 4 medida no han sido atendidas, por lo que no existe evidencia ó avances presentado por el Ejecutivo del estado, en este caso se encuentra:

1.       Fortalecer la implementación de las herramientas de evaluación de riesgo de violencia contra las mujeres, así como su vinculación con las instituciones encargadas de brindar protección y seguimiento, a fin de garantizar la seguridad, integridad, replanteamiento y/o cese del riesgo identificado.

2.       Establecer una estrategia para la atención integral de la violencia contra las mujeres en el contexto de pandemia por SARS-Cov-2, a través de la elaboración de un protocolo para atención a mujeres y niñas migrantes en estaciones migratorias y garitas; y el acceso a los servicios de prevención, atención y procuración de justicia a través de las tecnologías de la información, en términos de la Décima Séptima Conclusión del Informe que contiene el análisis e investigación de la solicitud de AVGM

3.       Elaborar un Plan Integral de Reparación Colectiva, que considere en su diseño a los grupos, comunidades u organizaciones sociales afectadas por las violaciones a derechos individuales de quienes integran estos colectivos, o cuando el daño comparte un daño colectivo. Dicho Plan deberá contener medidas colectivas para el reconocimiento y dignificación de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural, la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos de las mujeres y niñas en las comunidades y colectivos afectados.

4.       Establecer un programa anticorrupción dirigido a la investigación, detección y sanción de redes de corrupción, así como de casos cometidos de manera individual; dicho programa habrá de contener acciones de prevención, sanción, seguimiento y evaluación con el objeto de recobrar la confianza de las personas en las instituciones y en la legitimidad de las autoridades estatales y municipales.

BC cuarto lugar en asesinato de mujeres

Pese a que la Fiscalía General del Estado (FGE) solo reconoce en Baja California 21 feminicidios en 2021, 26 en 2022 y 14 hasta el cierre de julio del 2023, de enero a mayo se presentaron 101 asesinatos de mujeres.

Esto indica que menos del 14 por ciento de las muertes de mujeres fueron clasificadas como feminicidio pese a que la Alerta de Género señala que toda investigación debe de iniciar como posible feminicidio y luego descartarse en caso de no existir elementos.

Según el documento “Violencia feminicida en México, aproximaciones y tendencias” elaborado por Naciones Unidas, Baja California ocupó el cuarto lugar en cuanto a número de muerte de mujeres con presunción de homicidio, con 277 en 2020.

Ese año, Baja California registró una tasa de 15.2 asesinatos de mujeres por cada 100 mil habitantes, casi triplicando la media nacional que llegó a 5.8 por cada 100 mil habitantes.

El documento posicionó a Tijuana durante 2018 y 2019 como líder nacional en homicidios de mujeres, con 222 y 219, respectivamente.

Según un informe del Secretariado Ejecutivo Nacional de Seguridad Pública, en 2022 hubo 276 mujeres asesinadas, aunque la FGE solo registró 26 como feminicidios, menos del 10 por ciento.

Sentencias sin perspectiva de género

Tampoco el Poder Judicial ha cumplido con su parte, pues, un análisis realizado por la Asociación Civil de Mujeres Unidas por BC concluyó que los jueces no están acatando las sentencias con perspectiva de género en temas de feminicidios e intento de feminicidios.

Miriam Ayón Castro y la doctora Elsa Jiménez de la Red Mujeres Unidas concluyeron que de las 51 sentencias estudiadas, en el 86 por ciento no se investigó si la violencia fue un caso aislado, mientras que en el 96 por ciento no se investigó si el conflicto formaba parte de un contexto social.

De igual manera, en solo el 10 por ciento de las sentencias se identifica completamente el impacto de género, 21.5% la persona juzgadora decretó el pago de la reparación del daño, sin cuantificar, dejando a salvo los derechos para que los ofendidos los hicieran valer en la vía incidental, 35% de las resoluciones no prevén medidas de seguimiento a sus determinaciones, y 47% lo hace de manera insuficientemente.

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