Arresta policía municipal de Ensenada a ciudadana que intentó cruzar por la playa de un hotel

Ensenada, 20 de agosto.- “Hoy quise pasar una tarde en la playa con mi sobrina y terminé arrestada”, así empieza la historia narrada por Elena Suárez, sobre cómo las playas de Ensenada son controladas por los hoteleros, quienes incluso tienen el apoyo de la policía municipal para esposar y arrestar a quienes  transitan por zonas federales que las empresas de hospedaje consideran de su propiedad.

«Me pareció buena idea ir a playitas, tratamos de entrar por el Hotel Coral &  Marina (…) Los guardias de seguridad del hotel nos dijeron que no podíamos pasar, tratamos de explicar que debe haber pasos de servidumbre pero nos dijeron que no se podía y nos dijeron que iban a llamar a la patrulla», relató Elena, quién tiene 7 años viviendo en Ensenada.

Los pasos de servidumbre están establecidos en la Ley General de Bienes Nacionales, reformada en 2020, que ordena a las dependencias y entidades garantizar el paso hacia un bien nacional (la playa) si una propiedad privada se interpone entre ella y un punto de acceso (en este caso la carretera federal). 

Sin embargo, al no querer entrar en conflicto y pasar una buena tarde, decidió moverse, entrar por la calle Solavento (a unos 20 minutos caminando) y pasar la tarde con su familia en la zona de playitas.

«A la salida quise ir por el Quintas Papagayo, íbamos atravesando, queríamos comer en el Raw Oyster Bar (que está a un lado del hotel por la carretera) y un empleado me preguntó que si estaba hospedada en el lugar, le dije que no y nos dijo que por ahí no podíamos pasar, que teníamos que ir por otra puerta, pero nos dice que nos salgamos por otro lado (otro hotel)«, contó Elena Gabriela.

Al no tener un paso de servidumbre y no querer que cruzaran por el hotel, el trabajador, quien de acuerdo con Elena empezó a portarse de manera prepotente, llamó al dueño del lugar, quien habló a la policía. 

«Quise explicarle a los oficiales, no querían escuchar, – y empecé a transmitir en vivo por las redes-, me dijo que no la grabara, le expliqué que como servidor público podía grabar. Me pidieron que me retirara, que me fuera hacia el mar y saliera por el otro lado, pero el otro lado eran 20 minutos caminando, se hace de noche, le llamaron a otra patrulla y conté unos 8 policías, mi sobrina se espantó mucho y se fue (con la pareja de un familiar), se tuvieron que ir hasta la entrada del mosquito (calle Solavento)», relató.

Entonces fue arrestada por una de las oficiales, a quien Elena les preguntó el motivo y le respondió: «Por ridícula». La llevaron a la estación de policía donde tuvo otra situación.

«Ya en la estación pido hacer una llamada para avisarle a mi esposo que nos habían llevado a la policía, me dijeron ¡no!, hasta que viniera el juez. Estuve ahí en un round como una hora y media, pase al examen médico, me tomaron mis datos, unas fotos, me dieron a firmar una hoja que decía mis derechos, decía que tenía derecho a hacer una llamada, le dije (a la oficial) aquí dice que puedo hacer una llamada, quiero hablarle a mi esposo, saber si ya se encontró con mi sobrina, tiene siete años y de nuevo me dijo ¡no!, debía pasar antes con el juez», relató Elena en entrevista telefónica.

El juez tampoco le dejó hacer su llamada hasta que finalizará con su caso, a él le explicó la situación y la reglamentación que está en la Constitución mexicana sobre los pasos de servidumbre, aún con la protesta de un oficial quien le pidió que «se atuviera a los hechos».

Al no haber cometido un delito, la dejaron ir sin cargo alguno y no pudo realizar su llamada a sus familiares hasta que salió de la estación de policía.

«Me parece un uso excesivo de elementos, más con la situación de seguridad que hay en Ensenada. Que para detenerme usaran dos patrullas y ocho oficiales, cuando solo estaba haciendo valer mi derecho de libre paso, se me hizo muy aparatoso”, consideró Elena, quien conoce otros casos de ensenadenses a quienes han bloqueado el acceso a las playas o la salida. 

No solo es la Ley de Bienes Nacionales la que establece el libre tránsito de las personas, también está el decreto presidencial de López Obrador para que ninguna playa del país pueda considerarse privada, sin embargo, situaciones como esta se repiten en la playa Stacks, playa 3m, donde los dueños de los hoteles “privatizan” el acceso a zonas federales.

Elena ya presentó una denuncia ante la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente y espera que su caso «sirva de antecedente para que el gobierno haga algo, por qué no podemos pasar a la playa, para los que vivimos en Ensenada es una ofensa».

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