Aprueban en el Congreso suspender derechos político-electorales a violentadores
Mexicali, 27 de julio. Integrantes de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales del Congreso del Estado aprobaron una iniciativa de reforma a la Constitución de Baja California que impide, a quienes hayan sido declarados por sentencia como violentadores de otras personas, registrarse para una candidatura para cargos de elección popular, ocupar un empleo, cargo o comisión en el servicio público.
Especificó que se considera en este supuesto «a toda aquella persona que cuente con sentencia firme por la comisión de delitos contra la vida y la integridad corporal; la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar equiparada o doméstica, violación a la intimidad sexual; violencia política contra las mujeres en razón de género, o que las declare como personas deudoras alimentarias morosas».
La iniciativa que se presentó de manera separada por el diputado Juan Manuel Molina García y las legisladoras Evelyn Sánchez Sánchez, Liliana Michel Sánchez Allende, Daylín García Ruvalcaba y Montserrat Rodríguez Lorenzo, propone modificar los artículos 18, 42, y 80 de la Constitución de Baja California «para establecer que no podrán ser electos para diputaciones, para la gubernatura ni para integrar los ayuntamientos», informó el Congreso en un comunicado de prensa.
Al coincidir el planteamiento y visión legislativa, se analizó y se aprobó en un solo proyecto, derivando en el Dictamen 91 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales.
El boletín expuso que el 29 de mayo pasado se publicó el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el cual se reformaron los artículos 38 y 102 de la Constitución Nacional, que contempla la suspensión de derechos para aspirar u ocupar un cargo de elección popular, así como un empleo, cargo o comisión en el servicio público, (reforma “3 de 3 contra la violencia”).
