Ante 3 casos de hostigamiento, CEDH llama a proteger ejercicio periodístico en BC
Tijuana, 26 de septiembre. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Baja California (CEDHBC) llamó a las autoridades a tomar medidas para la protección y el pleno respeto al trabajo periodístico, luego de que en las últimas dos semanas tres comunicadores hayan denunciado actos de hostigamiento o acoso perpetrados por funcionarios públicos.
El primer hecho derivó en la renuncia del director administrativo del Congreso de Baja California, Víctor Navarro, luego de que éste realizara comentarios inapropiados a una reportera del portal Punto Norte después de una conferencia de prensa el 12 de septiembre en el edificio del Poder Legislativo en Mexicali.
El gremio periodístico también alzó la voz por las declaraciones emitidas por Miguel Ángel Torres Ponce, director de Comunicación Social del Ayuntamiento de Tijuana, contra José Lauro Ortiz Franco, director del portal PluralMX, a quien acusó de condicionar económicamente al gobierno municipal a cambio de poner en primer lugar en las encuestas a Montserrat Caballero.
Dicho ataque se dio a raíz de que Ortiz Franco publicara el 23 de septiembre el artículo Alista Montserrat Caballero mudanza a su “Casa Blanca” en Playas de Tijuana.
En tanto que Mitzi Monge, reportera de Radio Patrulla, fue agredida el 26 de septiembre por Carlos Martija, funcionario de la Oficialía Mayor del Ayuntamiento de Mexicali, quien trató de impedir la cobertura que se disponía a realizar desde las Instalaciones de la Fraternidad Policiaca.
El ombudsperson de Baja California, Jorge Álvaro Ochoa Orduño, puntualizó que estos tres casos llevan a analizar la necesidad revisar profundamente las condiciones y la relación entre las instituciones públicas y quienes realizan labores de cobertura periodística.
Aseveró que es necesario poner énfasis en que todas los servidores públicos están obligados a establecer las medidas necesarias para la protección del ejercicio periodístico.
En ese sentido, puso a disposición de las autoridades sus programas de educación en materia de respeto a la libertad de expresión y a las actividades informáticas.
