Acusan a fiscalía de beneficiar a funerarias con levantamiento y resguardo de cuerpos
Tijuana, 16 de diciembre. Integrantes de la Unión Funeraria de Tijuana, conformada por más de 24 casas funerarias, realizaron una manifestación en la Tercera Etapa del Río debido a acciones de la Fiscalía General del Estado (FGE) que han impactado de manera directa la operación de sus negocios.
El objetivo de la protesta fue solicitar la intervención de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda y de la titular de la FGE, Elena Andrade Ramírez, pues aseguran que “ciertos actores internos de fiscalía han estado beneficiando y apoyando a un par de funerarias”, delegándoles funciones de levantamiento y resguardo de cuerpos, no sólo los de casos de muertes violentas, también los que corresponden a muertes naturales que ocurrieron dentro de hospitales.
Héctor Abasolo, director funerario en Tijuana, informó que empleados de funerarias privadas incluso usan uniforme y vehículos con logos de la fiscalía al levantar cadáveres. Esta situación les permite tener acercamientos con las familias, que al no conocer los procedimientos, creen que están obligados a contratar sus servicios fúnebres.
Aseguró que esta situación afecta a todas las funerarias de la ciudad que no cuentan con este trato “preferencial”, pues complica el ofrecimiento de sus paquetes a los familiares de los difuntos.
“Todo lo que es los levantamientos culposos de la ciudad también están consignados a un privado, inclusive con trabajadores con las insignias de fiscalía, unidades balizadas de fiscalía, ¿y eso qué provoca? Una competencia desleal porque como primer respondiente tu llegas a un domicilio donde hay una persona finada y obviamente los familiares al desconocer el sistema, pues optan por irse a la funeraria que les están vendiendo”, dijo.
Por su parte, Alejandra Alamillo, representante de la Funeraria de la Cruz, explicó que también hay cuerpos que no se resguardan en las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), sino en una funeraria privada, que opera en un horario reducido y dificulta la entrega de los cuerpos.
“Cuando un hospital te entrega un certificado por una muerte natural, como cáncer u otra enfermedad, ya existe un dictamen médico y una liberación. Aun así, nos obligan a entrar a casas (funerarias) con la familia, con el riesgo de que, después de uno o dos días de acompañamiento, ya no salgan con nosotros. Esto se convierte en una competencia completamente desleal”, señaló.
En el pronunciamiento también participó Pedro García Tirado, médico legista jubilado, quien aclaró que es una situación irregular el que la fiscalía esté procesando los cadáveres de personas que murieron por enfermedades en un hospital y cuentan con un dictamen médico.
“La única autorización para levantar un cuerpo es cuando se trata de una muerte violenta. Si es una muerte natural, ya existen las condiciones para emitir el dictamen y el certificado médico con el expediente clínico, sea del IMSS, de la Secretaría de Salud o de un médico particular”, explicó.
Añadió que, cuando un fallecido por causa natural es llevado al Semefo sin que corresponda, no se realizan procedimientos adicionales.
“No lo van a abrir ni hacer nada distinto a lo que ya hizo el médico legista; por eso existe el certificado”, puntualizó.
