A punto de destrabarse litigio para retomar la desaladora de Rosarito
Tijuana, 9 de enero.- La próxima semana podría avanzar el proyecto de construcción de la planta desaladora de Playas de Rosarito que se firmó en el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid -en marzo de 2018 colocó la primera piedra- y se canceló en la administración pasada de Jaime Bonilla Valdez, confirmó el secretario de Hacienda del estado, Marco Moreno Mexia.
«En este momento estamos en la parte final de los arreglos jurídicos que van a permitir rehabilitar el proyecto teniendo el activo ya de parte del gobierno estatal cancelando la demanda por parte de la empresa», dijo durante la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda, que esta ocasión se realizó en martes.
En diciembre pasado, el funcionario informó que el gobierno federal aportaría 50 por ciento de los recursos que se requieren para la construcción de la planta, que según el proyecto del panista Vega de Lamadrid estaba contemplado bajo el esquema de asociación público privada y endeudaría a Baja California por 89 mil millones de pesos durante 37 años.
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Luego de que la administración de Jaime Bonilla lo cancelara bajo el argumento de que «era leonino e irresponsable y garantizaba ganancias para socios y pérdidas para los demás» y de que la empresa Consolidated Water -que tenía el contrato para la construcción- demandó al gobierno estatal por 51 millones de dólares, Moreno Mexia dijo que «hay una solución específicamente planteada y autorizada por el gobierno federal».
Este martes confirmó que la cancelación de la acción legal permitirá retomar el proyecto pese a que existe un litigio internacional, «sin embargo los avances se han obtenido buenos resultados, no quiero anticiparme porque se trata de un litigio importante para el gobierno de México y el de Baja California».
El argumento para retomar el proyecto -que será reestructurado y financiado en 50 por ciento por el Fondo Nacional de Infraestructura y el resto por el Gobierno del Estado, dijo Moreno Mexia en diciembre- es la demanda de agua en la zona costa de Baja California, que depende en 90 por ciento de agua enviada desde el río Colorado.
Durante la conferencia del gobierno estatal, el secretario de Hacienda mencionó que el lunes hubo una reunión con abogados de las dos partes y anunció que la negociación está «muy avanzada» pero aclaró que por confidencialidad no puede dar detalles «pero les puedo asegurar que es algo que se va a resolver en la siguiente semana, seguramente y algo muy positivo que va a permitir darle tracción de nuevo al proyecto que requiere la zona costa del estado en términos de desalación de agua».
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Según la información proporcionada en diciembre, la administración de la morenista Marina del Pilar Ávila Olmeda estaba en pláticas con la empresa para comprar el terreno destinado a la desaladora -predio que en su momento vendió el ejido Mazatlán de rosarito- y «la toma del proyecto», con lo que Consolidated Water se desistiría de la demanda.
El proyecto de Vega de Lamadrid contemplaba el abasto de 4 mil 400 litros por segundo en dos etapas, además de que el agua enviada desde el río Colorado se quedara en Mexicali, lo que generó una ola de protestas de activistas.
