Proponen castigar hasta con 7 años de cárcel a manipuladores psicológicos
Mexicali, 17 de noviembre. “Hay formas de violencia que no dejan golpes visibles, pero que pueden arrebatarle a una persona la libertad de decidir sobre su propia vida. Nadie debería vivir bajo el control, el miedo o la manipulación de alguien más”, alertó la diputada Michel Sánchez Allende, de Morena, al presentar una iniciativa para castigar la persuasión coercitiva.
Explicó que la «persuasión coercitiva» es una forma de violencia psicológica en la que una persona o grupo utiliza la manipulación, el miedo, la culpa o el aislamiento para controlar las decisiones y la vida de alguien más, y actualmente el Código Penal del Estado no contempla este delito de manera independiente.
Por ello, explicó un comunicado de prensa del Congreso del Estado, la iniciativa propone penas de tres a siete años de prisión, además de crear un programa estatal de atención psicológica, médica, jurídica y social para acompañar a las víctimas y ayudarlas a recuperar su autonomía.
Cuando el control se disfraza de…
Pueden presentarse en grupos de supuesta superación personal, espacios religiosos o relaciones afectivas donde se aprovechan de la confianza y vulnerabilidad de las personas para someterlas, alejarlas de sus seres queridos o llevarlas a realizar acciones contra su voluntad, planteó la legisladora.
Retomó testimonios de personas que han denunciado prácticas de manipulación psicológica, como el caso de Andrea López, relacionado con cursos de superación personal, y otras denuncias de abusos en entornos religiosos, algunas de las cuales se abordaron en el foro “Cuando el control se disfraza de”, realizado en el Congreso del Estado en julio de 2025.
“No basta con castigar a quienes ejercen estas formas de violencia. También necesitamos instituciones que sepan reconocerlas, escuchar a las víctimas y acompañarlas para que puedan recuperar su libertad y volver a tomar sus propias decisiones”, expresó la inicialista.
Sánchez Allende aclaró que la propuesta no pretende criminalizar las creencias religiosas ni las actividades legítimas de formación, sino proteger a las personas frente a prácticas graves de manipulación y sometimiento que les impiden decidir libremente sobre sus vidas.




