Amparan a Alicia de los Ríos para saber si su madre fue víctima de los ‘vuelos de la muerte’
Tijuana, 16 de noviembre. “No me quiero ir de este mundo sin saber qué le pasó a mi mamá. La certeza es una de las cosas más deseadas por las familias de las personas desaparecidas. Esclarecer qué pasó, quién lo ordenó, quién lo ejecutó… Nosotros creemos que ella fue víctima de uno de los vuelos de la muerte”. Alicia de los Ríos Merino lleva el mismo nombre que su madre, militante de la Liga Comunista 23 de Septiembre, vista por última vez en 1978, en la base militar de Pie de la Cuesta, frente a Acapulco.
Mediante un amparo consiguió que el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con sede en la Ciudad de México, ordenara en agosto pasado a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) entregar al Archivo General de la Nación los documentos históricos relacionados con ese periodo de excepción que se conoce como «Guerra Sucia» ligado a la persecución política entre los años 1965-1990.
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Alicia, de acuerdo con las magistradas que otorgaron el amparo (en revisión, un primer juez se lo negó), “tiene derecho a la verdad” sobre la desaparición forzada de su madre ocurrida el 5 de enero de 1978 porque “el derecho a la verdad es una medida de reparación al que están obligados los Estados cuando existen violaciones a los derechos humanos”.
La Sedena también tendrá que abstenerse “de destruir, alterar u ocultar” la información referida al caso de Alicia de los Ríos porque la negativa de acceso al archivo y/o la alteración de documentos “vulneran directamente su derecho humano a la verdad”.
“La hipótesis de su desaparición fue armada a partir de los testimonios de quienes la vieron o estuvieron detenidos junto con ella, sobre todo el de Alfredo Medina Vizcaíno, un joven de Ciudad Juárez; él dice (en un testimonio público) ‘a mí me trasladaron con Alicia y otros compañeros a la base militar aérea Número Siete a principios de junio de 1978’”.
Hipótesis a verificar
“Alfredo pudo salir de la base, pero mi mamá no y nosotros creemos que es víctima de un vuelo de la muerte que se hizo -según las bitácoras que hemos podido consultar- el 8 de junio de 1978. Es una hipótesis a verificar, porque entre el 7 y 8 de junio la dejan de ver”, platica desde el otro lado de una línea telefónica.
Alicia de los Ríos Merino (mamá), responsable del comité militar de la Liga Comunista 23 de Septiembre, fue detenida el 5 de enero de 1978 en la colonia Vallejo de la Ciudad de México, y llevada al Campo Militar número Uno. En junio de ese año fue trasladada a la base aérea militar de Pie de la Cuesta, Guerrero. Ahí se perdió su rastro.
Meses antes de ser detenida, Alicia dio a luz una niña -a la que los abuelos criaron y dieron el mismo nombre- que como su mamá, creció en Chihuahua y quien desde que tiene uso de razón decidió buscarla. “Creo que lo merezco ¿no?, como cualquier familia. Pero además también queremos que el Estado, a pesar de los años, acepte su responsabilidad”.
Es tiempo de que lo acepten
“Evidentemente son crímenes de Estado. Aquí no hay una salida fácil, no fue un miembro desarticulado ¡No! Aquí evidentemente fue el Estado. El Ejército usó recursos materiales, instalaciones, recursos humanos, financieros, para torturar, detener y eliminar a personas. Creo que es justo, es tiempo de que lo acepten. La Sedena está en desacato”.
“Espero que la Presidenta (Claudia Sheinbaum Pardo), con toda mi confianza, que sea ella quien haga ese reconocimiento. No tiene por qué esperar más. Es la Presidenta y es la jefa de las Fuerzas Armadas. Yo la invitaría a que haga ese reconocimiento, a que reciba al resto de las familias de desaparecidos, nos escuche”.
El amparo fue concedido en base a un decreto del 28 de febrero de 2019, en el que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador ordenó a todas las dependencias federales entregar al Archivo General de la Nación los archivos vinculados con movimientos políticos y sociales, así como con actos de corrupción cometidos entre 1965 y 1990.
El Ejército, entre los principales represores
Para transitar esa orden, el 6 de octubre de 2021 el mismo López Obrador creó la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990. Así, a través de dos decretos, creó una Comisión de la Verdad con un mecanismo ejecutor.
Para emitir dicha sentencia, los jueces determinaron que en el periodo reconocido por la historiografía y organismos internacionales como “Guerra Sucia”, el Estado mexicano mediante sus instituciones armadas y cuerpos de seguridad implementó una estrategia nacional de contención armada y vigilancia contra los movimientos guerrilleros, estudiantiles, sindicales y campesinos que cuestionaban el orden institucional imperante.
“En este contexto, el Ejército Mexicano se constituyó como una de las principales estructuras del Estado que participó activamente en operativos de represión, detención arbitraria, desaparición forzada y ejecución extrajudicial de opositores políticos”.
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Aunque el proceso de transferencia de archivos se empezó a preparar -según se recoge en la sentencia-, paulatinamente la Sedena se fue cerrando y generando una “negativa parcial” de acceso a sus archivos.
Hay varias instituciones vinculadas a la sentencia, explicó de los Ríos; el juez de origen -quien le negó originalmente el amparo y por ello fue a revisión- debe notificar a la Secretaría de Gobernación, a la Sedena y al Archivo General de la Nación (AGN) y garantizar que en todo momento se observe “mi derecho a participar en el proceso como víctima”.
La sentencia es que justo la Secretaría de Gobernación tiene que reunir cinco expertos con experiencia comprobada, tanto en archivística como en materia de derechos humanos y contrainsurgencia, para poder clasificar lo que se tiene que ir al Archivo General de la Nación del archivo histórico militar.
No es una petición, es una sentencia
“Ahora que la sentencia no solo tiene que ver con el caso de mi mamá, la sentencia obliga a la Sedena a liberar toda la información que tiene que ver con la contrainsurgencia entre 1965 y 1990, así que no es solo el caso de mi mamá, sino todo el abanico de víctimas”, apuntó, y se dijo consciente de que no todas las familias han tenido el apoyo de instituciones y organismos de derechos humanos.
A un par de meses de cumplir 50 años, la investigadora de la Universidad Autónoma de Chihuahua tiene una vida dedicada a la búsqueda de su mamá. El tema lo ha trabajado también en muchos ámbitos, la escritura, el teatro y por ello habla con una voz muy reposada, sin embargo no es fácil preguntarle a Alicia por los detalles de la desaparición de su madre.
“Su rastro se perdió en la base militar de Pie de la Cuesta, y no se trata de responder a la petición de un juez, no es petición, es una sentencia de un tribunal colegiado de lo administrativo… la Sedena argumentó durante el juicio que ya entregó una documentación desde el 2002 (cuando Vicente Fox abrió ese tema), pero está en desacato con un decreto que dictó Andrés Manuel López Obrador en 2019, justo para que entregue archivos de violencias graves y de corrupción, cualquiera”.
Sedena, la única institución obligada por el tribunal“La única institución obligada por el tribunal es la Sedena. Es la única, digamos, como obligada, como autoridad que ha incumplido un decreto, ¿no?, pero hay quienes tienen que colaborar como instituciones vinculadas a la sentencia, la Secretaría de Gobernación y el Archivo General de la Nación. Entonces, ¿qué es lo que estamos pidiendo?, yo como como víctima indirecta, y el Pro y Artículo 19 como mis representantes, que ya se notifique”.
No es un archivo cualquiera
“Las magistradas explican muy bien en la sentencia que se trata de un periodo de excepción. Por eso dicen; se le tiene que proteger porque no es un archivo cualquiera, es el archivo de un periodo de excepción denominado la ‘Guerra Sucia’ o de contrainsurgencia. La ventaja es que Alicia fue una de las personas más vistas durante su detención. Hay muchos testimonios y hemos podido hacer una línea del tiempo”.
-¿Cómo llegan a la hipótesis de que el Ejército la lanzó al mar desde Pie de la Cuesta?
-Porque ahí la dejaron de ver y, digamos, coincide con un vuelo nocturno local. Hay bitácoras de esos vuelos de la muerte… no es una certeza, para nosotros es una línea que tiene que verificarse, una hipótesis. La certeza es una de las cosas más deseadas por todas las familias con desaparecidos. Esclarecer qué es lo que pasó y quién lo ordenó, quién lo ejecutó.
«En nuestro caso, bueno, yo además, pues soy profesora e investigadora, ¿no? a partir de lo que yo he experimentado como una -no me gusta decir como una víctima indirecta-, pero sí como una usuaria de la burocracia en México, pues a partir de eso escribo, hago cosas con otros investigadores y yo creo que en este caso, bueno, personalmente yo no quiero dejar este mundo sin saber lo qué pasó con mi mamá. Creo que me lo merezco, ¿no? Como se lo merece cualquier familia. Pero además también queremos que el Estado, a pesar de los años, acepte su responsabilidad».
-¿Y tú vas a seguir litigando?
-Por supuesto. Totalmente. Les decía en una entrevista a otros periodistas que entiendo el privilegio de tener una defensa como la del Pro y otros acompañantes como Artículo 19, ¿no? Y entonces les digo, pues en corresponsabilidad a ese beneficio y privilegio del cual gozo, pues hay que hacer lo posible y también lo imposible.




