Antorcha denuncia persecución y acoso en cuatro estados, incluido BC
11 de noviembre.- Integrantes del Movimiento Antorchista denunciaron presuntos actos de persecución, acoso y represión administrativa contra su organización y las demandas sociales que encabeza en Sonora, Sinaloa, Baja California Sur y Baja California.
La manifestación que realizaron en el Palacio Municipal de Tijuana forma parte de una jornada nacional de denuncia realizada en seis entidades del país.
José Juan Bautista Hernández, integrante del Comité Regional del Noroeste del movimiento, afirmó que estas acciones se han presentado sobre todo en Oaxaca, Veracruz, Querétaro y Puebla.
“En los últimos tiempos se viene persiguiendo, acosando y reprimiendo administrativamente las demandas que nuestra organización encabeza”, expresó.
Entre los casos mencionados, la organización señaló que en Oaxaca, desde 2025, estudiantes simpatizantes fueron despojados de sus albergues con apoyo de policías municipales de Oaxaca y Miahuatlán.
Según el movimiento, los inmuebles fueron obtenidos legalmente mediante gestiones de los propios estudiantes, y las autoridades estatales no han impartido justicia.
También denunció que César Hernández, del Comité Estatal de Oaxaca, es buscado por las autoridades tras encabezar una gestión ante la Comisión Federal de Electricidad para dotar de energía eléctrica a comunidades.
En Veracruz, el movimiento acusó que la gobernadora no ha resuelto sus demandas pese a marchas y mítines, y que se han iniciado procesos contra representantes antorchistas con acusaciones que consideran inventadas.
En Querétaro, el dirigente estatal dijo haber recibido amenazas de cárcel y de muerte por llamadas y mensajes.
En Puebla, denunciaron que comerciantes del grupo “La Curva” son amenazados con armas de fuego y obligados a pagar cuotas por integrantes de la agrupación “13 de septiembre”, sin que las denuncias ante autoridades estatales y municipales tengan solución.
Bautista Hernández dijo que la jornada busca visibilizar estas situaciones y exigir a las autoridades que garanticen los derechos de organización, manifestación y petición.
