Comparece consejera jurídica para iniciar la Glosa del Quinto Informe de Gobierno
Mexicali, 10 de noviembre. La consejera jurídica del Gobierno del Estado, Claudia Yurizeth Torres Molina, admitió ante el Congreso del Estado la necesidad de homologar los salarios de defensores públicos, por lo que se «buscan viabilidades financieras» para otorgar ese derecho constitucional al personal.
Al arrancar la Glosa del Quinto Informe de Gobierno con su comparecencia ante la Comisión de Reforma de Estado, la funcionaria respondió el cuestionamiento del diputado Juan Manuel Molino García. También aclaró que siguen impulsando mesas de trabajo para consolidar el incremento salarial de ese grupo de personal.
Asimismo, admitió que no hay condiciones para abrir en San Quintín y sus delegaciones una oficina permanente de la Defensoría Pública, con personal suficiente en materia penal, familiar y laboral, pues es complejo acudir por la amplia extensión territorial del municipio y la lejanía de los poblados.
Existe interés por contar con esa representación, dijo la consejera jurídica, pero aseguró que promueven la formación de intérpretes de lengua indígena para apoyar a quienes lo requieran; además, dijo, cuentan con personal físico en las oficinas del Centro de Justicia para las Mujeres (Cejum).
La funcionaria compareciente afirmó que la Consejería Jurídica cuenta con facultades para presentar denuncias por situaciones que afecten a los intereses del Gobierno del Estado por actos de corrupción, así como de llevar las demandas que le soliciten las dependencias y entidades, pero no tiene competencia para fiscalizar o para realizar charlas previas, pues es función de de la Secretaría de Honestidad.
Dio una explicación a la Legisladora Alejandra Ang Hernández, quien preguntó sobre las acciones legales o programas preventivos implementados por la Dirección de Combate Legal a la Corrupción, para detectar las acciones de corrupción a través de todas las dependencias y entidades paraestatales.
Claudia Yurizeth Torres Molina dio a conocer los avances en materia de políticas públicas, fortalecimiento y acceso a la defensoría pública, el trabajo de manera coordinada para el acceso a la justicia y el bienestar compartido para las y los bajacalifornianos.
La funcionaria mencionó que desde el inicio de esta administración, se ha reiterado que el combate a la corrupción no es solamente una obligación legal, sino un compromiso de este gobierno con la ciudadanía y con la defensa del patrimonio que pertenece a todas y a todos los bajacalifornianos.
El Congreso estatal informó en un comunicado de prensa que se le cuestionó sobre el retiro anticipado para miembros del gremio policiaco, sentencias condenatorias por extorsión, ventanilla violeta, defensoría pública, armonización del marco jurídico en materia de pueblos indígenas y afromexicanos, decretos en materia de acceso al agua, y reforma del Tribunal Estatal de Justicia Alternativa (TEJA) y reglamento de la Ley de Autismo, entre otros.
Además de la presidenta de la Comisión de Reforma de Estado participaron las diputadas Yohana Gilvaja, Mayola Gaona, Gabriela Ponce, Alejandra Ang, Alejandrina Corral, Julia Andrea González, Evelyn Sánchez, Daylín García y Teresita Ruiz, así como los legisladores Daniel Razo y Juan Manuel Molina.
Por parte del equipo compareciente también asistieron el subconsejero jurídico, José Fernando Velardez Núñez; la subconsejera Zona Costa, Brenda Delgado; la directora estatal de Defensoría Pública, Estela Reyes, y el titular de Proyectos Legislativos, Daniel Núñez.
