Querétaro: entreguismo e injerencia
El sábado pasado, el gobernador Mauricio Kuri y el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, encabezaron la ceremonia de colocación de la primera piedra de la Academia Estatal de Interdicción de Querétaro, un centro “concebido para recibir capacitación especializada de agencias de Estados Unidos y ponerla al alcance de instituciones mexicanas de seguridad pública”, en palabras del secretario de Seguridad Ciudadana de la entidad, Iován Pérez. De acuerdo con un oficio remitido por Kuri a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), “la interacción de los servidores públicos locales y el agente diplomático en el marco de dicha visita tendrá efectos protocolarios y no implica de ninguna forma el establecimiento de mecanismos directos de cooperación internacional en materia de seguridad o procuración de justicia, ni la participación o intervención de agentes o gobiernos extranjeros en actividades de investigación, persecución de delitos o funciones reservadas al Estado mexicano o que correspondan a las autoridades mexicanas”.
Las palabras del referido Pérez, así como las de Johnson, evidencian la mentira de calificar el acto como un evento de carácter protocolar. El embajador exhibió en una serie de declaraciones que su “amigo” Kuri se encuentra en abierto desacato a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional. Esta última establece que la cooperación en seguridad y el intercambio de información con agentes extranjeros (como los capacitadores) sólo pueden ocurrir bajo convenios o programas bilaterales suscritos por el Estado mexicano, es decir, el gobierno federal. Además, prohíbe de manera explícita a los servidores públicos de las entidades federativas, municipios y demarcaciones de la Ciudad de México entablar relaciones bilaterales directas en materia de seguridad con agentes extranjeros.
Johnson presumió que Washington ha invertido más de 10 millones de dólares en “capacitación y equipamiento” en Querétaro y, según resaltó, “la nueva academia se basa en esa cooperación, constituyéndose en la primera instalación de su tipo en México y América Latina dedicada específicamente a capacitar a las fuerzas del orden para detectar e incautar drogas peligrosas, armas, grandes cantidades de efectivo de procedencia ilícita y otro tipo de contrabando”. Además, reveló que desde 2015, 4 mil 732 integrantes de las instituciones de seguridad y justicia de Querétaro han recibido capacitación de Estados Unidos, y llamó a la entidad “un ejemplo de lo que podemos lograr cuando trabajamos juntos”. Para colmo, no se abstuvo de amenazar con que lo realizado en Querétaro vulnerará “estados y comunidades en todo México”.
En realidad, todo lo dicho es un ejemplo de la extralimitación de Johnson en sus funciones y de la obsequiosidad con que el panismo funge como infiltrado de un gobierno que ha amenazado una y otra vez con invadir nuestro país y habla sin tapujos de bombardear, asesinar y secuestrar en territorio mexicano. Ante estas provocaciones, es preciso que la Federación marque un alto a las violaciones a la soberanía nacional que ponen en riesgo las vidas de la población, la estabilidad política y la vigencia de la ley.
Hace 159 años, la ciudad de Querétaro fue el último bastión de la aventura intervencionista francesa y del entreguismo conservador. Es deplorable que los gobiernos estatal y municipal de esa entidad y de su capital, ambos panistas, se empeñen hoy día en evocar esa desgraciada circunstancia mediante acciones manifiestamente lesivas a la soberanía nacional.
