Congreso de BC cuestiona a fiscal sobre seguridad, desapariciones y más
23 de septiembre.- El Congreso del Estado convocó a la titular de la Fiscalía General del Estado a glosa de su tercer informe, sesión en la que legisladores de distintas bancadas formularon cuestionamientos sobre desaparición de personas, extorsión, fortalecimiento de ciencias forenses, seguridad y delitos patrimoniales.
Ma. Elena Andrade Ramírez comparecció ante la Junta de Coordinación Política ampliada a toda la H. XXV Legislatura para responder sobre actividades del período 1 de agosto de 2025 al 31 de julio de 2026.
Diputados como Juan Manuel Molina, Daylín García, Diego Echevarría, Yohana Gilvaja, Bryan Castillo, Tere Ruiz, Humberto Valle la cuestionaron
En desaparición de personas, los legisladores demandaron explicaciones sobre los 580 casos que permanecen activos. Andrade Ramírez informó que de 2 mil 82 personas desaparecidas, mil 502 fueron localizadas: mil 345 con vida y 157 sin vida.
Aclaró que la legislación no establece plazo de 72 horas para iniciar búsquedas, sino que éstas comienzan una vez recabada la entrevista correspondiente.
Los congresistas también interpelaron a la Fiscal sobre corrupción policial. Andrade Ramírez reconoció que se han detectado casos de participación de integrantes de corporaciones policiales en actividades de crimen organizado, resultando en 36 órdenes de aprehensión contra agentes de distintos municipios con apoyo de autoridades federales.
Sobre combate a la extorsión, los diputados demandaron detalles de las acciones implementadas. La Fiscalía reportó la creación de 29 plazas especializadas, inversión de 31 millones de pesos en municipios, detención de 112 personas y operacionalización de una Fiscalía Especializada en Extorsión que permite iniciar investigaciones sin denuncia previa.
Un punto de discusión fue el fortalecimiento de ciencias forenses. Los legisladores cuestionaron el rezago en identificación humana. La Fiscalía respondió con inversión de 173 millones de pesos en esta área, más 45 millones del proyecto FASP 2026 destinados a laboratorios, reactivos químicos, plazas de peritos y vehículos.
La participación de menores en delitos de alto impacto preocupó particularmente al Congreso. Andrade Ramírez reconoció la «intervención de jóvenes cada vez de menor edad» en estos hechos, admitiendo la necesidad de fortalecer prevención, concientización y coordinación interinstitucional.
Los congresistas también cuestionaron delitos inmobiliarios. Tras detectarse casos en Tijuana con posible participación de funcionarios del Registro Público de la Propiedad y de Comercio, Andrade Ramírez comprometió crear una unidad especializada dependiente de Delitos Patrimoniales, independientemente de si autoridades estuvieran involucradas.
En delitos ambientales y contra animales, la Fiscalía reportó mil 96 carpetas de investigación, 878 investigaciones y 192 cateos.
Los legisladores también demandaron protocolos para amenazas en centros escolares, mejora de infraestructura de vigilancia, acceso a justicia para personas indígenas, combate al robo de vehículos y prevención de violencia familiar.
La Fiscalía reportó coordinación con autoridades de distintos órdenes de gobierno y uso de tecnología que contribuyeron a reducción de entre 25 y 30 por ciento en incidencia delictiva estatal, aunque los legisladores mantuvieron escepticismo sobre si estas cifras reflejan la situación de seguridad que vive la ciudadanía.
