Insta Congreso a FGE y SSPC a dar resultados contra el cobro de piso en BC
Mexicali, 2 de septiembre. La extorsión sistemática o cobro de piso se ha convertido en una «dolorosa realidad cotidiana» en Baja California, que se ha agravado y se ha convertido en una de las manifestaciones criminales más lesivas, pese a los «múltiples esfuerzos» por combatirla, advirtió el diputado panista Diego Echevarría Ibarra al exigir a las autoridades de seguridad y procuración de justicia un informe sobre las estrategias y los resultados obtenidos para el combate de ese delito.
La seguridad pública es esencial para el desarrollo económico y el bienestar social de las familias de Baja California, pero «este flagelo asfixia a todos los estratos de la actividad económica, desde pequeños comerciantes hasta grandes empresas de sectores industriales, gastronómicos y pesqueros», señaló el legislador, según un comunicado de prensa.
“El cobro de piso opera como un auténtico impuesto criminal, cobrado bajo violencia directa, amenazas de muerte, quema de establecimientos y ataques armados”, expuso ante el pleno del Congreso, en el que obtuvo respaldo de las diferentes bancadas.
Desconfianza ciudadana
Echevarría Ibarra mencionó que de acuerdo con cifras oficiales del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), la extorsión se mantiene como uno de los delitos de mayor incidencia en Baja California, con una tasa superior a 5 mil casos por cada 100 mil habitantes, mientras que la cifra negra rebasa el 97 por ciento, motivada por el temor a represalias y la desconfianza ciudadana en los mecanismos institucionales de denuncia.
Esta modalidad delincuencial ha golpeado distintos municipios, pues en Tijuana pequeños comercios, taquerías y el sector de autopartes usadas han registrado cierres masivos y agresiones armadas, mientras que en Ensenada y San Quintín el sector pesquero y gastronómico ha sido vulnerado con cuotas por tonelada comercializada, y en Mexicali comerciantes y bazares han denunciado amenazas escritas y exigencias semanales de pago bajo riesgo de violencia contra sus familias.
En tanto, organizaciones empresariales como la Cámara de Comercio (Canaco) y la de Industria Restaurantera (Canirac) han advertido que la presencia constante de grupos criminales ha derivado en abandono de arrendamientos e inversiones, debilitando la confianza en la actividad económica y generando un clima de incertidumbre.
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De acuerdo con el comunicado, el diputado panista dirigió su exhorto al titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Laureno Carrillo Rodríguez, y a la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, a quienes pidió rendir un informe detallado sobre las estrategias y acciones implementadas para prevenir, combatir y sancionar el delito de extorsión en su modalidad de cobro de piso, así como los resultados obtenidos.
Diego Echevarría argumentó el incremento de esta modalidad criminal y la creciente sofisticación con la que operan las células delictivas en los municipios de Baja California, lo que ha generado cierres de negocios, abandono de inversiones y un clima de inseguridad que vulnera directamente a las familias y al sector productivo, indicó el comunicado de prensa.
