Aprueba Congreso de BC nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado
Mexicali, 31 de agosto. El Congreso del Estado aprobó la expedición de la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, con lo cual se establece una transformación integral de la estructura judicial en la entidad.
La nueva configuración busca eliminar la concentración excesiva de funciones en un solo organismo y establecer una separación funcional que permita una administración más eficiente y un control disciplinario más efectivo.
Informó en un comunicado de prensa que la necesidad de esta nueva legislación deriva de la reforma constitucional federal publicada el 15 de septiembre de 2024, la cual introdujo la elección democrática de magistraturas y jueces, y sustituyó al Consejo de la Judicatura por el Órgano de Administración Judicial y el Tribunal de Disciplina Judicial.
Con este cambio nacional «se volvió indispensable contar con un marco legal actualizado en Baja California que permita a las nuevas instituciones funcionar de manera adecuada, garantizando autonomía, imparcialidad y rendición de cuentas», detalló y explicó que con esto
se abroga la Ley Orgánica del Poder Judicial publicada en el Periódico Oficial en octubre de 1995, al quedar obsoleta frente a la magnitud de la nueva estructura institucional.
Distribución de funciones
El Consejo de Administración Judicial tendrá a su cargo la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales del Poder Judicial, además de coordinar la formación y capacitación de las personas juzgadoras. También investigará y resolverá responsabilidades administrativas no graves mediante el Órgano Interno de Control y el Pleno del Consejo.
De acuerdo con el comunicado, su correcto funcionamiento dependerá de la reglamentación de sus unidades administrativas, entre ellas la Escuela de Formación Judicial y el Archivo Judicial, esenciales para garantizar eficiencia operativa y calidad en la impartición de justicia.
En tanto, el Tribunal de Disciplina Judicial será un órgano especializado e independiente encargado de la vigilancia y disciplina del personal jurisdiccional, y resolverá controversias laborales internas entre el Poder Judicial y su personal. Tendrá facultades para imponer amonestaciones, sanciones económicas, suspensiones e inhabilitaciones, formular denuncias penales cuando advierta la probable comisión de delitos, resolver conflictos laborales internos y evaluar a las magistraturas, juezas y jueces.
Derivado de esta nueva estructura, se aprobaron reformas a la Ley de Responsabilidades Administrativas, la Ley del Tribunal Estatal de Justicia Administrativa y la Ley del Servicio Civil de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado y Municipios, con el fin de delimitar competencias y reconocer formalmente al Tribunal de Disciplina Judicial como órgano resolutor de conflictos laborales internos.
Al presentar el Dictamen 105 de la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales -en representación de las bancadas de Morena y Verde-, el diputado Juan Manuel Molina García argumentó que la creación y adecuada reglamentación tanto del Consejo de Administración como del Tribunal de Disciplina Judicial, permitirán un cambio profundo en el Poder Judicial.
