En el Congreso, la reforma para prohibir la doble nacionalidad a candidatos
31 de agosto.- La reforma constitucional que prohíbe a los aspirantes a la Presidencia de la República, a los gobiernos estatales y a la Ciudad de México contar con doble nacionalidad y, en caso de tenerla, renunciar formalmente a la concedida por un gobierno extranjero, fue remitida ayer por la titular del Ejecutivo a la Comisión Permanente.
La iniciativa –que fue turnada por la aún presidenta de ese órgano del Congreso, Laura Itzel Castillo, a la Cámara de Diputados– establece que quien se encuentre en esa situación deberá renunciar a la nacionalidad extranjera antes del registro de su candidatura ante la autoridad electoral. La renuncia no se ceñirá únicamente a una declaración ante las autoridades mexicanas.
En esa reforma a los artículos 82, 116 y 122 se especifica que la legislación secundaria asegurará que la renuncia comprenda también las actuaciones necesarias ante el Estado extranjero que le concedió la otra nacionalidad, de forma que exista certeza sobre la exclusividad del vínculo jurídico exigido para ejercer el cargo.
Tales previsiones, se detalla, son necesarias a fin de que el requisito constitucional no opere exclusivamente al momento de la elección, sino que se mantenga durante todo el ejercicio de la función. “La lealtad exclusiva que se exige para acceder al cargo debe conservarse mientras existe la responsabilidad pública”.
En la exposición de motivos se precisa que esa disposición no significa poner en duda la identidad, patriotismo o compromiso con México de las personas que poseen dos o más nacionalidades, “en atención a la realidad de quienes, por razones familiares, migratorias o personales, mantienen vínculos con otro país”.
La doble nacionalidad, se recalca, “es una realidad legítima reconocida por nuestro marco constitucional. Sin embargo, la cuestión es distinta cuando una persona decide aspira a encabezar el Poder Ejecutivo, ya que asume una responsabilidad directamente vinculada con la soberanía nacional”.
De ahí que “la reforma propone establecer expresamente que quien ejerce la Presidencia de la República no podrá adquirir ni solicitar otra nacionalidad, ni invocar ante una autoridad extranjera, una nacionalidad distinta a la mexicana”.
