Baja California

Proponen ampliar protección legal para víctimas de violencia de género en BC

Por: Redacción La Jornada Baja California

30 de julio.- La diputada Evelyn Sánchez Sánchez presentó una iniciativa para reformar varios artículos de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para el Estado de Baja California.

El objetivo es incluir la omisión intencional como parte de la violencia física, la incorporación del enfoque de género en la cultura y la prevención de la violencia política en razón de género.

La iniciativa, turnada a la Comisión de Igualdad de Género, señala que la omisión intencional puede ser considerada como una forma de violencia física cuando se produce de manera deliberada y con la intención de causar daño o peligro a otra persona, incluso si no hay una acción física directa.

Sánchez Sánchez enfatizó la necesidad de combatirla desde todos los ámbitos y visibilizarla como una forma de agresión que genera consecuencias perjudiciales tanto para la integridad física como para la emocional.

La propuesta también aborda la violencia política en razón de género, señalada como una problemática creciente que obstaculiza el ejercicio pleno de los derechos político-electorales de las mujeres. Esta puede expresarse de forma verbal, simbólica, institucional o física e incluye amenazas, exclusión, difamación, acoso, presiones indebidas y agresiones durante el proceso electoral, la campaña o el ejercicio del cargo público.

Sánchez Sánchez también reconoció el papel fundamental de la Secretaría de Cultura como parte de los mecanismos de prevención de violencias y promoción de la igualdad.

La iniciativa legislativa busca establecer que la Secretaría de Cultura de Baja California incorpore la perspectiva de género en la creación y difusión de contenidos culturales y artísticos para promover la igualdad y erradicación de estereotipos discriminatorios que normalizan la violencia contra las mujeres, a través de talleres, exposiciones, festivales y producciones audiovisuales.

De igual forma, la propuesta establece que corresponderá al Instituto Estatal Electoral del Estado implementar mecanismos de prevención y atención para víctimas de violencia política de género, incluyendo la creación de protocolos de actuación y asesoría jurídica a las afectadas durante el proceso de denuncia y sanción.

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