El expediente que puede sentar a Estados Unidos en el banquillo

Las supuestas cartas de Joaquín “El Chapo” Guzmán dirigidas a la presidenta Claudia Sheinbaum terminaron siendo una distracción. Su abogado, Gerardo Rincón, las desmintió de inmediato. Explicó que un interno de la prisión federal ADX Florence, en Colorado, no puede sacar una carta sin pasar por estrictos controles de las autoridades penitenciarias y de las agencias federales estadounidenses. Además, dijo que Guzmán no domina el inglés, escribe con dificultad en español y la firma difundida simplemente no es la suya.

Hasta ahí, el asunto parecía cerrado.

Pero Rincón abrió otro frente. Uno mucho más delicado. Anunció que llevará el caso ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en Ginebra, al sostener que Joaquín Guzmán vive bajo un régimen de aislamiento que constituye tortura. Habló de un hombre que pasa los días en un calabozo, sin luz natural, sin aire libre, con contacto humano mínimo y sometido a un encierro permanente.

Nadie está pidiendo revisar la condena que le impuso la justicia estadounidense. Joaquín Guzmán fue sentenciado a cadena perpetua por un tribunal federal de Nueva York y esa realidad no cambia. Lo que sí cambia es la pregunta que ahora queda sobre la mesa: ¿puede un país que se presenta como referente mundial en derechos humanos justificar cualquier condición de reclusión, incluso para el fundador del Cártel de Sinaloa?

Durante años, Washington ha señalado violaciones a los derechos humanos en gobiernos de todo el mundo. Ahora podría verse obligado a responder por su propio sistema penitenciario si la denuncia prospera ante instancias internacionales. La discusión dejaría de girar alrededor de “El Chapo” para centrarse en el modelo de aislamiento extremo que aplica Estados Unidos.

Las cartas falsas duraron apenas unas horas en la conversación pública. La denuncia de Gerardo Rincón puede abrir un expediente mucho más incómodo para la administración estadounidense. A veces, el problema ya no es quién está sentado en la celda. El problema es quién termina sentado en el banquillo de los derechos humanos.

PIEZAS SUELTAS

El Senado que viene: no sólo se elige una presidencia, se elige una señal para Washington

La próxima Mesa Directiva del Senado no será una simple rotación de cargos. En Morena ya se mueven dos nombres: Higinio Martínez, del ala más moderada y con oficio político mexiquense, y Óscar Cantón Zetina, tabasqueño, periodista y representante del bloque más duro del partido.

El proceso formal se abrirá hasta la segunda quincena de agosto, como ha señalado Ignacio Mier, coordinador de la mayoría morenista. Pero la lectura política ya empezó.

Porque quien presida el Senado no sólo conducirá sesiones. También será una voz institucional frente a una agenda bilateral cada vez más pesada con Estados Unidos: revisión del T-MEC, seguridad, migración, tráfico de armas, cooperación contra el crimen organizado, energía, designaciones diplomáticas y hasta la coordinación rumbo al Mundial de 2026.

Es decir, el Senado necesitará algo más que disciplina interna. Necesitará interlocución. Y ahí cambia la pregunta: ¿Morena quiere una presidencia capaz de negociar hacia fuera o una figura que cierre filas hacia dentro?

Higinio Martínez trae un perfil más político, menos estridente. No es un morenista de aplauso automático. Su distancia con la cancelación del aeropuerto de Texcoco lo marcó como alguien capaz de disentir sin romper. Cantón Zetina, en cambio, manda otro mensaje: Tabasco, obradorismo duro, control de bancada y lealtad al bloque más áspero del movimiento.

La decisión no será menor. Con Washington apretando en comercio, seguridad y migración, el Senado tendrá que jugar mucho más que protocolo. Tendrá que leer el tablero completo.

En agosto, Morena no sólo decidirá quién preside la Cámara alta. Decidirá qué cara quiere mostrarle al país y qué tipo de interlocutor está dispuesto a poner frente a Estados Unidos: uno que negocie o uno que marque línea.

Los mejores aliados de México para salvar el T-MEC podrían estar dentro de Estados Unidos

La revisión del T-MEC ya no es sólo un pulso entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump. Mientras la Casa Blanca mantiene su decisión de no renovar el tratado en los términos actuales, comienza a crecer otra presión, una que viene desde dentro de Estados Unidos y que puede terminar pesando tanto como cualquier negociación oficial.

La Coalición Agrícola por el T-MEC, integrada por decenas de organizaciones de productores de maíz, soya, carne de cerdo, alimentos y bebidas, ya levantó la voz. Su advertencia es simple: poner en riesgo el acuerdo significa poner en riesgo miles de empleos estadounidenses y uno de sus mercados más importantes, México.

A esa preocupación se suman fabricantes, empresas de logística, la industria automotriz y legisladores de estados profundamente ligados al comercio con México, como Texas, Iowa, Nebraska, Michigan e Illinois. Todos entienden que la integración económica de Norteamérica dejó de ser un discurso político para convertirse en una necesidad productiva.

Ese es el frente que México debería observar con más atención. La batalla por el T-MEC ya no se libra únicamente en las mesas de negociación entre gobiernos. También se está peleando en el Congreso estadounidense, en las asociaciones de productores, en las cámaras empresariales y en los estados donde millones de dólares y miles de empleos dependen del comercio con sus vecinos.

Quizá los aliados más importantes de México en esta etapa no estén en Washington. Tal vez estén sembrando maíz en Iowa, ensamblando vehículos en Michigan o moviendo mercancías por la frontera de Texas. Ahí también se está definiendo el futuro del T-MEC.