La extorsión en Ensenada «está en todos lados», admite el general Laureano Carrillo

Ensenada, 2 de julio. El secretario estatal de Seguridad, Laureano Carrillo Rodríguez, admitió que aunque en la entidad hubo avances en el combate a la extorsión, la estrategia se quedó corta, pues se detuvo a células y cobradores de piso pero no a los líderes, que operan particularmente en Ensenada y en el sector pesquero.

«Sí lo tenemos identificado, pero está en todas partes, desafortunadamente: está en el mar, está en la pesca, está en la compra, está en la venta, está también en la pesca ilegal. Está en todas partes, pues», dijo durante la conferencia semanal de la gobernadora Marina del Pilar Avila Olmeda en la que anunció el relanzamiento de la Operación Marea, para combatir la ruta de la delincuencia, que tiene el control de la actividad.

Carrillo Rodríguez, un general del Ejército Mexicano, hizo la declaración desde Ensenada, municipio identificado como foco rojo por el Gobierno Federal cuando en julio de 2025 lanzó la campaña contra ese delito, un año después de que por denunciar extorsiones y cobros de piso al sector muriera acribillada a balazos la presidenta de la Cámara Nacional de las Industrias Pesquera y Acuícola (Canainpesca), Minerva Pérez Castro.

Y aunque Ensenada se consideró como el epicentro de la extorsión, no es el único municipio donde ocurre, según expuso la fiscal general del estado, María Elena Andrade Ramírez, quien reportó el caso de un sitio de taxis en Tijuana donde delincuentes quemaron tres unidades porque se negaron a pagar piso.

El líder y agremiados del sitio acudieron a la Fiscalía y mediante el uso de tecnología se ubicó en Jalisco a un sujeto identificado como Luis «N», apodado «El Matute», líder del CJNG, describió. Con apoyo de la Fiscalía de esa entidad se detuvo y «ya se encuentra entre las rejas y no ha habido ningún otro caso de extorsión», aseguró Andrade Ramírez.

Otro caso es el de la Central de Abastos de Tijuana, en el que un sujeto acompañado por otro que lo esperaba en un vehículo entregó una «cartita hasta de motivación, casi casi», en la que advertía «que se animen y que todos van a ser muy felices y que les van a dar protección, pero querían que cada local de la central de abastos les diera una cantidad», detalló la fiscal.

El texto, escrito en letras mayúsculas en computadora e impreso en una hoja -que incluía un número telefónico-, advertía que «este es el primer aviso para el Mercado de Abastos. A partir del 15 de cada mes empezaremos un cobro por protección para mantener la integridad del mercado y de ustedes los comerciantes y sus beneficios, y que sus mercancías lleguen sin problemas y trabajen sin preocupaciones.

«Nadie más les cobrará piso, robará ni los extorsionarán o intimidar (sic), ya sea gobierno o (sic) otros grupos delictivos. Cuidaremos de ustedes los comerciantes, de sus trabajadores, familias y familias. 

Por la tranquilidad y felicidad del mercado.

«Atte. cártel de Tijuana.

«Si no tenemos respuesta de ti en 6 horas, nosotros te marcaremos a ti o a algún miembro de tu familia. La felicidad y tranquilidad no tiene precio».Tras la denuncia de los comerciantes de la Central de Abastos -que acudieron a la gobernadora- se ubicó a los extorsionadores mediante cámaras de vigilancia; luego de cinco cateos se detuvo a tres hombres, «en menos de una semana», destacó la fiscal.

Asolados por la delincuencia…

El homicidio de Minerva Pérez, la presidenta de la Canainpesca en Baja California, no fue el único registrado en Ensenada. En octubre de 2025, cuando ya estaba en marcha la lucha contra la extorsión y ya había leyes a nivel federal y estatal, desconocidos asesinaron a Omar Cisneros Salcedo, hijo del restaurantero Manuel Cisneros, propietario de la Birriería Guadalajara. 

El empresario aseguró ante medios de comunicación que el crimen se cometió porque el joven de 33 años se negó a pagar «piso»; sostuvo que había «muchos» cierres de negocios por ese tipo de crímenes.

En agosto de ese mismo año, Moisés Ruiz, propietario de la marisquería «El Compa Moy», anunció el cierre de su local luego de casi media década de operación: «hoy por hoy soy un negocio que cierra debido a la inseguridad que enfrentamos, las extorsiones y el cobro de piso», dijo y acusó que las autoridades no hacían nada ante los cárteles criminales que controlaban la situación. 

Unos 30 días después -en septiembre-, desconocidos lanzaron bombas molotov a la pescadería Muelle Viejo, hecho que también se atribuyó al cobro de piso. Luego, ese mismo mes el peleador de la UFC Jesús Aguilar también denunció que era víctima de extorsión y anunció el cierre de su restaurante, Monitos Sushi y Teriyaki.

Operación Marea

Sobre el caso de Ensenada, el secretario de Seguridad admitió que se trata de un problema complejo y multifactorial, porque el crimen organizado ha logrado imponer que pescadores y comerciantes compren y vendan a través de una sola persona o red, y cuando alguien se sale de ese control, enfrenta agresiones o represalias.

«De manera concreta lo que están haciendo es controlar la cadena de suministros tanto de compra como de venta de mariscos». Admitió que «dicho de otra forma, esta situación de la extorsión en Ensenada el año pasado la atendimos desde el punto de vista operativo, es decir, trabajamos mucho en calle, detuvimos células, detuvimos extorsionadores, pero nos falta la parte más importante, ir a las cabezas de quienes están todavía hoy en día dirigiendo las extorsiones en Ensenada».

Explicó que con el diagnóstico que se hizo con trabajo de investigación se relanzó la estrategia antiextorsión denominada Operación Marea, mediante la cual «vamos a tratar de romper esta cadena de suministros del control en manos de unas cuantas personas». Se revisará que ya no haya acopio, almacenamiento, distribución y venta obligada de los mariscos en Ensenada, dijo.

«Tenemos aquí el objetivo de desmantelar el control criminal de la cadena de comercialización de pescados y mariscos en Ensenada y Baja California, mediante una intervención coordinada de seguridad, inteligencia financiera, fiscalización, inspección pesquera y verificación sanitaria», mencionó Carrillo Rodríguez.

Entre las acciones a realizar, se identificará y verificará a proveedores, inspecciones en centros de acopio, bodegas, congeladoras y puntos de distribución, además de que se revisará la documentación fiscal y se cruzará información para detectar posibles inconsistencias.

Según la explicación del funcionario, a diferencia del año pasado, cuando solo participaban instituciones de seguridad y prevención, ahora se instaló una Mesa Especial Institucional en la que se suman las secretarías de Marina, Defensa y Pesca; la Guardia Nacional; la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca; la Cofepris; el Servicio de Administración Tributaria; la Unidad de Inteligencia Financiera; las fiscalías de la República y del Estado; la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado; la Coepris,  además de representantes empresariales.

En este sentido, el secretario de Seguridad aclaró que las revisiones administrativas a los negocios no implican una victimización de empresarios, comerciantes, restauranteros o a quienes están encargados de las carretas -puestos de comida en la calle-, «ellos son las víctimas también».

Detalló que en Baja California se cuenta con un Centro Antiextorsión, y según la fiscal María Elena Andrade Ramírez, también existen en los municipios, donde se cuenta con fiscales, ministerios públicos e investigadores.

El delito se persigue de oficio, con una denuncia anónima o al 089 o incluso en seguimiento a publicaciones, explicó y puso como ejemplo el caso de una empresaria de Mexicali, propietaria del Bazar Gaby, quien denunció en redes sociales que era víctima de extorsión.

Actualmente la situación ha mejorado, afirmó la gobernadora Avila Olmeda, quien sostuvo que «banda de extorsionadores que llega a Baja California, banda de extorsionadores que es detenida», y argumentó la desarticulación de 43 grupos delictivos y la detención de 95 individuos, lo que permitió frustrar 5 mil 927 extorsiones y evitar el pago de 14 millones de pesos.