Pide diputada eliminar discriminación en procesos de ingreso a escuelas particulares
Mexicali, 27 de mayo. La diputada Norma Angélica Peñaloza Escobedo exhortó a autoridades educativas y de derechos humanos a vigilar el cumplimiento de las leyes y evitar que escuelas particulares cometan discriminación en los procesos de admisión en sus planteles, ya que es una práctica recurrente en la actualidad.
Se refirió a la reforma al artículo 123 de la Ley de Educación de Baja California, aprobada en el Decreto número 264 en abril pasado y publicada en el Periódico Oficial del Estado el día 15 de este mes, la cual se llevó a cabo para «garantizar el acceso igualitario a la educación», no como una concesión sino una obligación constitucional, ética y humana, que el Estado y todas las instituciones educativas deben cumplir sin excepción alguna, indicó, según un comunicado de prensa.
El exhorto, dirigido a la Secretaría de Educación y a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ambas de Baja California, indica que los quienes manejan estos planteles deben dejar de pensar que la educación en las escuelas particulares no se encuentra regulada por lineamientos legales y que pueden aplicar disposiciones creadas unilateralmente, sino sujetarse a las disposiciones legales.
«Debe prevalecer la garantía de la educación como promotora del desarrollo y del libre pensamiento, y no como un negocio clasista y oportunista, como ocurrió en gobiernos del pasado», afirmó la legisladora de Morena ante el Pleno del Congreso del Estado, desde el que envió su exhorto.
Abundó que «la educación debe ser un espacio de inclusión, y no un sistema de selección, por lo que las niñas, niños y adolescentes no deben ser sometidos a procesos que les hagan sentir insuficientes, rechazados o discriminados desde el inicio de su trayectoria educativa».
Garantizar el acceso igualitario a la educación no es una concesión, sino una obligación constitucional, ética y humana, que el Estado y todas las instituciones educativas deben cumplir sin excepción alguna, dijo.
En específico demandó que las autoridades competentes fortalezcan las acciones de supervisión, orientación y vigilancia en los planteles educativos particulares que cuenten con validez oficial, a fin de garantizar ambientes escolares seguros, inclusivos y respetuosos de los derechos humanos.
