Síndica se reúne con activista trans tras polémica con Patrulla Espiritual por terapias de conversión
Tijuana, 11 de mayo. Luego de que fuera difundido en redes sociales un video en el que integrantes de la Patrulla Espiritual llevaban a una mujer trans a un centro de rehabilitación supuestamente con el propósito de someterla a una terapia de conversión, la titular de la Sindicatura Procuradora, Teresita Balderas Beltrán, sostuvo una reunión con la directora del Centro Comunitario “La Casita de U. T.”, Susana Barrales Honorato.
Dicho video dio pie a que el Comité Orgullo Mexicali denunciara a la Patrulla Espiritual, pues dichas terapias están prohibidas por el Código Penal de Baja California.
Estos hechos se dieron a conocer casi dos semanas después de que el Ayuntamiento de Tijuana anunciara la entrega de 7 millones 200 mil pesos a la Patrulla Espiritual y a los centro de rehabilitación Jireh para “becar” a los internos en recuperación. Incluso, para ratificar su apoyo, el presidente municipal, Ismael Burgueño, acudió a Mexicali para atestiguar la apertura de una nueva clínica de Jireh.
Durante el encuentro con la activista, Balderas Beltrán explicó que la sindicatura mantiene supervisión permanente sobre las asociaciones civiles que reciben apoyos por parte del gobierno municipal, verificando que cumplan con las normativas aplicables, además de que se encuentren en regla y desarrollen proyectos de impacto positivo para la comunidad.
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Explicó que, a través de Fondos Tijuana, se impulsó una reforma al reglamento correspondiente, permitiendo ampliar los apoyos no sólo al sector empresarial, sino también a organizaciones civiles, y de ahí salió el recurso para la Patrulla Espiritual.
Destacó la importancia de sumar la experiencia de activistas como Barrales Honorato, particularmente en lo relacionado con la comunidad trans, a fin de fortalecer las acciones institucionales.
La síndica procuradora afirmó que la sindicatura permanecerá atenta a que los organismos que reciban recursos públicos cumplan con la normatividad vigente y que sus proyectos se desarrollen bajo la premisa de salvaguardar y respetar los derechos humanos.
