Es investigado por violencia familiar el padre de Vicente, el niño que murió por golpe de calor
Mexicali, 11 de mayo. La titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Elena Andrade Ramírez, confirmó que Juan Carlos Meza Beltrán, el padre del niño Vicente Meza Ramírez, cuenta con dos carpetas de investigación por el delito de violencia familiar, una correspondiente al año 2023 y otra al 2024..
Detalló que una de las carpetas ya se encuentra judicializada y próxima a audiencia intermedia, mientras que la segunda continúa en etapa de investigación.
No obstante, Andrade Ramírez señaló que durante la audiencia quedó establecido que esos antecedentes no acreditan una afectación mental reciente que justificara el actuar de Roxana “N”, madre del menor y quien lo dejó dentro de un vehículo durante más de 12 horas.
Añadió que existen evidencias relacionadas con la claridad emocional y mental con la que actuó la imputada durante las horas previas al fallecimiento por golpe de calor del niño de 3 años de edad, incluyendo publicaciones realizadas en redes sociales.
La fiscal recordó que la audiencia de vinculación a proceso contra Roxana “N” inició el sábado 9 de mayo de 2026 a las 10 de la mañana y se prolongó por más de 16 horas, en las que se presentaron antecedentes de investigación, indicios y argumentos tanto de la defensa como de la FGE.
Indicó que durante la madrugada del 10 de mayo el juez resolvió favorablemente a los intereses de la fiscalía y del representante legal de la víctima, dictando auto de vinculación a proceso contra Roxana “N” por el delito de homicidio por comisión por omisión con dolo eventual.
Además, se mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa y se fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.
Respecto a las declaraciones de la defensa sobre posibles problemas mentales o psicológicos de Roxana “N”, la fiscal aseguró que no existe ningún indicio que acredite una afectación de ese tipo.
“No hemos tenido ningún indicio de alguna situación mental o emocional que hayan impulsado estos hechos”, afirmó.
Por el contrario, indicó que existen evidencias sobre amenazas y utilización del menor para generar daño emocional al padre del niño.
Sobre la posible sentencia, Andrade Ramírez explicó que el delito actualmente imputado contempla una penalidad mínima de ocho años y máxima de 15 años de prisión.
Sin embargo, aclaró que conforme avance la investigación podrían surgir nuevos elementos que permitan reclasificar el delito o incorporar agravantes.
