Acusación en Nueva York: el narco habría incidido en elección y comprado impunidad en Sinaloa
Ciudad de México, 29 de abril. El grupo “Los Chapitos” – una facción del Cártel de Sinaloa- habría incidido en los comicios de Sinaloa y comprado la impunidad en la administración de Rubén Rocha Moya, así como el apoyo del senador Enrique Inzunza Cázarez y los mandos de seguridad, fiscales y autoridades municipales, señala la acusación formal presentada en la Corte del Distrito Sur de Nueva York, documento que obra en poder de La Jornada Baja California y firmado por el fiscal Jay Clayton.
La Corte del Distrito Sur de Nueva York coloca a la cúpula política y de seguridad de Sinaloa en el centro de una investigación por narcotráfico. Pero el punto más delicado del caso no es sólo el tráfico de drogas: es la hipótesis de que el crimen organizado habría influido en el acceso al poder y, posteriormente, operado bajo su cobertura institucional.
De acuerdo con la acusación expuesta en 34 fojas, el esquema habría funcionado en dos fases. La primera, política: operadores del cártel habrían intervenido en la elección estatal de 2021 mediante intimidación de votantes, robo de boletas y secuestro de actores políticos, con el objetivo de influir en el resultado electoral.
La segunda, operativa: una vez consolidado el poder, se habría permitido al grupo criminal actuar con impunidad mediante sobornos mensuales a funcionarios, filtración de operativos, liberación de detenidos y protección de rutas de tráfico de drogas.
El documento describe pagos periódicos a funcionarios que alcanzarían hasta 300 mil pesos mensuales, así como la existencia de registros y listas de estos sobornos. También vincula a los acusados con delitos de tráfico internacional de fentanilo, cocaína, heroína y metanfetamina, además de uso de armas de alto poder y secuestros con resultado de muerte.
La red señalada incluye a ex titulares de seguridad pública, mandos policiales, fiscales y autoridades municipales, lo que sugiere —según la fiscalía— un esquema de colaboración sostenida más que hechos aislados de corrupción.
El caso introduce un cambio de fondo en la narrativa: no se trataría únicamente de funcionarios corrompidos por el narcotráfico, sino de un posible intercambio estructural entre poder político y crimen organizado. Es decir, apoyo electoral a cambio de protección institucional.
Este planteamiento eleva el impacto del caso, ya que sugiere una posible captura de funciones del Estado en una entidad clave, como Sinaloa, para las rutas del narcotráfico hacia Estados Unidos, particularmente en el tráfico de fentanilo.
Documenta operación
El dato más contundente del expediente no es un nombre —y los hay de alto nivel— sino el patrón documentado de operación entre el poder público y el crimen organizado.
El punto clave es que la acusación sostiene que el Cártel de Sinaloa no sólo corrompía funcionarios, sino que habría intervenido directamente en una elección estatal (2021) para favorecer a un candidato, mediante intimidación de votantes, robo de boletas y secuestro de operadores políticos.
A cambio, según la fiscalía, recibió protección institucional sistemática, mediante sobornos mensuales a funcionarios, filtración de operativos, liberación de detenidos y control de estructuras de seguridad.
Este dato es el más fuerte porque rompe la narrativa clásica de corrupción individual y plantea algo más grave como una posible relación de intercambio político–criminal (apoyo electoral por impunidad operativa).
No es sólo dinero, tampoco es sólo protección. Es, según la acusación, incidencia directa en quién gobierna y cómo se gobierna. El expediente no acusa únicamente narcotráfico: su dato más explosivo es que el crimen organizado habría influido en el acceso al poder y luego operado bajo su cobertura.
Los acusados y su actuación
El documento no plantea 10 historias separadas, sino una sola como una estructura donde políticos, fiscales y policías habrían operado como red para proteger al cártel. Sin embargo, particulariza su aportación:
Rubén Rocha Moya
- Cargo: gobernador de Sinaloa
- Se le atribuye: haber recibido apoyo electoral del cártel en 2021, permitir operación con impunidad y facilitar la colocación de funcionarios afines en seguridad.
Enrique Inzunza Cázarez
- Cargo: senador (ex secretario general de gobierno de Sinaloa)
- Se le atribuye: coordinación política dentro del esquema y vínculos con operadores del cártel.
Enrique Díaz Vega
- Cargo: Empresario regional (ex secretario de Administración y Finanzas)
- Se le atribuye: participación en flujos financieros vinculados al esquema.
Dámaso Castro Zazueta
- Cargo: vicefiscal de Sinaloa
- Se le atribuye: intervención en procesos judiciales y protección legal a integrantes del cártel.
Marco Antonio Almanza Avilés
- Cargo: ex jefe de la Policía de Investigación
- Se le atribuye: filtración de operativos y protección directa a actividades criminales.
Alberto Jorge Contreras Núñez (“Cholo”)
- Cargo: mando en Policía de Investigación
- Se le atribuye: continuación del esquema de protección policial.
Gerardo Mérida Sánchez
- Cargo: ex secretario de Seguridad Pública
- Se le atribuye: coordinación de estructuras de seguridad en favor del cártel.
José Antonio Dionisio Hipólito (“Tornado”)
- Cargo: mando policial estatal
- Se le atribuye: participación operativa en protección y logística.
Juan de Dios Gámez Mendívil
- Cargo: alcalde de Culiacán
- Se le atribuye: facilitación de operación local del cártel.
Juan Valenzuela Millán (“Juanito”)
- Cargo: mando de Policía Municipal
- Se le atribuye: ejecución operativa a nivel local (protección, logística).
