Acusaciones contra Rocha Moya alcanzan penas de 50 años de prisión
Ciudad de México, 29 de abril. El gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y ocho funcionarios y ex funcionarios de esa entidad fueron acusados formalmente de vínculos con el Cártel de Sinaloa, por lo que según documentos del Departamento de Justicia de Estados Unidos, la pena mínima que alcanzaría cada uno de ellos sería de 50 años de prisión.
Los señalados de colaborar con el Cártel de Sinaloa son Rocha Moya; el senador Enrique Inzunza, quien se desempeñó como secretario general de Gobierno de, Sinaloa; Enrique Díaz Vega, ex secretario de Administración y Finanzas; Dámaso Castro Saavedra, fiscal general adjunto de la Fiscalía General de Sinaloa; Marco Antonio Almanza Avilés, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Jorge Alberto Contreras Núñez, ex jefe de la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa; Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa; José Antonio Dionisio Hipólito, ex director Adjunto de la Policía Estatal de Sinaloa; Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán; y Juan Valenzuela Millán, ex comandante de alto nivel de la Policía Municipal de Culiacán.
Todos ellos son señalados de los delitos de “conspiración de importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos” y colaboraron para que los “líderes del Cártel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a los Estados Unidos a cambio de apoyo político y sobornos”.
La acusación fue formulada por el fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, Jay Clayton, informó el representante de la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés), Terrance “Terry” C. Cole.
El integrante de la DEA señaló: “estamos agradecidos por nuestros socios estadounidenses y mexicanos que eligen la integridad todos los días y nos acompañan para proteger a nuestras comunidades. Juntos continuaremos ejerciendo una presión sostenida contra el Cártel de Sinaloa y las redes que lo apoyan para proteger al pueblo estadounidense y salvar vidas”.
El caso está asignado a la jueza de distrito, Katherine Polk Falla, luego de que la DEA ha señalado que “a medida que la acusación queda al descubierto, el Cártel de Sinaloa, y otras organizaciones de narcotráfico similares, no operarían tan libremente o con éxito sin políticos corruptos y funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en su nómina. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos para el tráfico mortal de drogas debe terminar”.
Para las autoridades estadounidenses “el Cártel de Sinaloa no sólo trafica con drogas mortales, es una organización terrorista designada que depende de la corrupción y el soborno para impulsar la violencia y el beneficio”, dijo Terrance Cole.
Aseguró que “esta acusación expone un esfuerzo deliberado para socavar las instituciones públicas y poner en riesgo las vidas estadounidenses”.
En la acusación se menciona que “los acusados supuestamente han protegido a los líderes del Cártel de la investigación, el arresto y el enjuiciamiento; han hecho que las fuerzas del orden y la información militar confidencial se proporcionen a los miembros del Cártel y a los narcotraficantes aliados para ayudar a las actividades criminales del Cártel; han dirigido a los miembros de las agencias estatales y locales de aplicación de la ley, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Oficina del Fiscal General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, para proteger las cargas de drogas almacenadas y que transitan a través de México a los Estados Unidos».
Respecto del gobernador Rocha Moya, se señala que “fue elegido gobernador de Sinaloa, un cargo que ha ocupado desde el 1 de noviembre de 2021 o alrededor de esa fecha, después de que Los Chapitos supuestamente lo ayudaran, entre otras cosas, secuestrando e intimidando a sus rivales”.
“A cambio, tanto antes como después de convertirse en gobernador, Rocha Moya supuestamente asistió a reuniones con Los Chapitos, en las que prometió protegerlos ya que distribuían cantidades masivas de drogas a los Estados Unidos y, como mandatario ha permitido que Los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa”.
“Del mismo modo, los otros acusados han ayudado directa y repetidamente a Los Chapitos a cambio de sobornos masivos alimentados por drogas”.
