La justicia restaurativa puede construir una cultura de paz, afirma autora en UABC
Tijuana, 29 de abril. En un país donde los órganos jurisdiccionales están saturados y la violencia ya no sorprende, la autora María Guzmán Lucero propone voltear la mirada hacia un modelo de justicia restaurativa que en lugar de preguntar qué ley se violó y qué castigo merece el responsable, pregunta quién salió dañado, quién se hace responsable de ese daño y qué necesita la víctima para sanar.
La escritora presentó en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) su libro “Justicia restaurativa: Hacia una cultura de paz”, con comentarios de las especialistas Janeth Paredes Ortiz y Kelly Marcela Betancurt Martínez, quienes coincidieron en que el sistema de justicia mexicano, basado en el modelo retributivo, ha dejado históricamente a las víctimas fuera del proceso.
“En México las víctimas han quedado de lado”, sintetizó Paredes Ortiz, quien explicó que la justicia restaurativa parte de tres ejes: la víctima en el centro del proceso, el imputado y el tejido social, que se daña cada vez que se comete un delito.
A diferencia del sistema tradicional, que es vertical y termina con una sentencia, la justicia restaurativa es un proceso voluntario que puede incluir disculpas públicas, reconocimiento del daño causado y acuerdos de reparación construidos por las propias partes.
“No se busca sólo un pago, se busca reparar a las víctimas y también que la persona que provocó la conducta acepte su responsabilidad y se dé cuenta del impacto que generó”, explicó.
Betancurt Martínez reconoció que este modelo “tiene el potencial de reconstruir el tejido social” y señaló que el artículo 17 constitucional ya obliga al Estado mexicano a privilegiar los medios alternos de solución de conflictos, mientras que el artículo 28 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece el derecho de toda persona a una vida libre de violencia.
El libro incluye un capítulo llamado “Círculos restaurativos ancestrales”, que argumenta que este tipo de justicia no es una novedad occidental sino una práctica que los pueblos originarios han utilizado desde siglos atrás.
También hace un recorrido por experiencias internacionales y cita como referente la sentencia del Campo Algodonero de 2009, en la que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) declaró al Estado mexicano responsable por la desaparición y asesinato de mujeres jóvenes en Ciudad Juárez que se trasladaban a sus trabajos.
La autora presentó tres propuestas concretas:
1. Generar criterios uniformes para promover la reparación integral del daño por vía dialógica desde una perspectiva de derechos humanos.
2. Crear programas de especialización para operadores jurídicos y facilitadores.
3. Establecer un instituto de justicia restaurativa que coordine acciones con los tres poderes del Estado.
También propuso incorporar modelos terapéuticos que contribuyan a la llamada justicia terapéutica.
“No se trata de sustituir el sistema que tenemos, sino de complementarlo para lograr soluciones más justas y orientadas a la construcción de paz”, concluyó Guzmán Lucero.
