Va Plan de Justicia Social para San Quintín contra abusos laborales: Sheinbaum
Tijuana, 19 de enero.- Al confirmar que aun cuando han mejorado las condiciones laborales de jornaleros y jornaleras de San Quintín, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo admitió que todavía es una práctica común el contratar por trabajo a destajo sin proporcionar seguridad social ni respetar otros derechos de quienes laboran en el campo, bajo un esquema denominado «saliendo y pagando».
Adelantó que bajo el Plan de Justicia para San Quintín que anunció en diciembre pasado todos los trabajadores agrícolas deberán estar inscritos en el Seguro Social.
«El objetivo es bienestar y poder regular realmente que la contratación sea directa y que sobre todo la agricultura de exportación, porque mucho es de exportación, a través de una garantía que estamos esperando que se apruebe un cambio en una ley ahora en febrero, pueda hacerse válido para que toda la agricultura de exportación garantice la seguridad social para todos los trabajadores», planteó sin especificar si hasta que se apruebe la reforma entrará en vigor el plan de justicia.
«Es histórica la lucha de los jornaleros agrícolas de San Quintín, y en efecto, aun cuando han mejorado algunas de las condiciones sigue habiendo muchas empresas que no contratan de manera formal a los jornaleros; existen esquemas de contratación a destajo, digamos, por el número de fresas o dependiendo de lo que cultiven al día, y pueden llegar a trabajar incluso más de ocho horas».
A pregunta de La Jornada Baja California sobre la situación actual denunciada por líderes jornaleros que participaron en el movimiento de 2015 -cuando miles se movilizaron ante condiciones laborales de explotación, paralizaron la producción agrícola y bloquearon la carretera Transpeninsular-, la mandataria recordó el Plan de Justicia para San Quintín que se prepara, que inició durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, acotó- para mejorar la situación.
Detalló que «este plan tiene que ver con garantizar que todos estén en el Seguro Social y tiene que ver con darle a San Quintín, las necesidades que tiene de hospitales a través de lo que se llamó IMSS Coplamar que hoy es parte del IMSS ordinario, aunque puede ir cualquier persona que no tiene seguridad social».
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El plan también contempla que cuenten con escuelas, desde primarias hasta educación media superior, una atención particular de Bienestar, centros de Educación y Cuidado Infantil -lo que eran las guarderías infantiles- e incluso vivienda, dijo Sheinbaum Pardo al afirmar que se adelantó en la descripción de los proyectos incluidos en el Plan de Justicia para la región que incluye varias poblaciones y la cabecera municipal de San Quintín.
«El objetivo es ir presentarlo a San Quintín ahora que están estas movilizaciones, pues de todas maneras va a ir la secretaria de Gobernación (Rosa Icela Rodríguez), pero el objetivo es hacer un plan integral de justicia y tiene que ver con justicia social y laboral para los jornaleros y las jornaleras agrícolas».
Insisten en violar la ley
En San Quintín laboran jornaleros y jornaleras procedentes de estados de Sinaloa, Chiapas, Guerrero, Oaxaca y otras entidades, quienes muchas veces laboran sin seguridad social ni derechos y ganan según su producción diaria, es decir a destajo, bajo un esquema denominado «saliendo y pagando».
Según denunciaron recientemente dirigentes que participaron en el movimiento de 2015, son los ranchos los que realizan estas prácticas porque las grandes empresas agrícolas están vigiladas.
Hay intermediarios que trasladan a los trabajadores a los campos y esos mismos enlaces son los que cobran a los ranchos, reciben una comisión y pagan al jornalero, quien además tiene que cubrir el transporte.
Las condiciones de quienes laboran en la región agrícola de San Quintín -que incluye varios poblados- han mejorado «un poco» desde la movilización que protagonizaron alrededor de 70 mil jornaleros en marzo de 2015 para exigir mejores salarios -a algunos les pagaban entre 80 y 90 pesos diarios, denunciaron entonces-, cese al hostigamiento sexual y laboral, principalmente para las jornaleras, y seguridad social.
Luego de pláticas y hasta confrontaciones con representantes del entonces presidente Enrique Peña Nieto (PRI) y en gobernador panista Francisco Vega de Lamadrid (PAN), lograron algunas mejoras, sobre todo con las grandes empresas de exportación, pero las malas prácticas continuaron en los ranchos.
