Académico de la Ibero denuncia subestimación oficial de crisis de desapariciones
Tijuana, 10 de octubre.- Santiago Corcuera, académico del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana y expresidente del Comité Contra la Desaparición Forzada (CED) de la ONU, denunció un presunto intento oficial de subestimar la crisis en torno a las más de 130 mil personas ausentes y/o no localizables en México, a pesar de que en el país cada día desaparecen alrededor de 45 ciudadanos.
El especialista fungió como moderador del conversatorio ‘Voces de Esperanza: Diálogo Hasta Encontrarles’, organizado por estudiantes de Ciencias Políticas y Administración Pública de la Ibero, donde participaron activistas y familiares de personas desaparecidas.
Corcuera señaló que mientras las autoridades de seguridad presumen una presunta reducción en el delito de homicidio doloso, también se dedican a «decir absolutamente nada» sobre las personas que desaparecen.
La «invisibilización» de las autoridades en torno a la desaparición de personas «no es parte de nuestra agenda en la Universidad Iberoamericana», advirtió el experto, quien agregó que en la Ibero el alumnado y sus docentes responden al llamado de actuar activamente para investigar y analizar lo que aqueja a la sociedad.
La activista y periodista independiente Sandra Suaste Ávila, participante del conversatorio, calificó como «cuestionables» las cifras gubernamentales, aunque reconoció que el delito de la desaparición forzada «cada vez es más visible».
«Mientras siga habiendo una sola persona desaparecida en este país, las cosas no están caminando de manera adecuada», advirtió.
Suaste Ávila lamentó que «el día de mañana, el delito de la desaparición forzada puede, desafortunadamente, tocar en nuestros hogares» y pidió acompañar los esfuerzos de las familias que buscan a sus seres queridos, quienes «desde el amor» y la intención de «sanar a este país» trabajan para dar con el paradero de los ausentes.
La periodista indicó que México cuenta con leyes «muy adecuadas» para atender estos casos, sin embargo, criticó que la aplicación «suele no llevarse a cabo de manera adecuada» cuando se presentan los problemas.
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«El gobierno ha hecho todo lo posible para invisibilizar este tema», afirmó Carlos Ramírez, del Colectivo Hasta Encontrarles, quien desde 2019 busca a su hermano Ángel y dos compañeros desaparecidos al salir de su trabajo en un restaurante de la colonia Lindavista de CDMX.
Ramírez acusó un supuesto desinterés por trabajar en conjunto a pesar de que activistas han tratado de establecer rutas de comunicación con autoridades locales y federales. Recordó que los casos se van complicando a medida que el tiempo pasa, pues se rezagan y pierden seguimiento.
El activista aprovechó el diálogo para pedir atención al trato que se da a cadáveres y restos humanos en instalaciones forenses porque, aseguró, el colectivo ha documentado que en distintas partes del país no se respetan los derechos posmortem de las víctimas.
Nadín Reyes Maldonado, fundadora del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos ‘Hasta Encontrarlos’, quien busca a su padre, el activista Edmundo Reyes Amaya, consideró que la desaparición forzada sigue fungiendo como método de control social para infundir miedo, como ocurrió entre 1952 y 1989 durante la ‘Guerra Sucia’.
«México tiene más personas desaparecidas que países que vivieron en dictadura», afirmó Reyes Maldonado.
Aunque siempre han desaparecido personas en el país, la activista afirmó que este delito se recrudeció a partir de 2006, con el inicio de la «mal llamada guerra contra el narcotráfico», afectando a todo tipo de personas con distintos fines (como trata, explotación laboral o tráfico de órganos).
Reyes Maldonado pidió a las autoridades aceptar la necesidad de contar con personal más capacitado que pueda ayudar a dar con las más de 130 mil personas cuya ubicación se desconoce.
Jorge Verástegui, hermano de Antonio Verástegui y tío del niño Antonio de Jesús Verástegui, desaparecidos desde 2009 cuando fueron detenidos por un retén de miembros de ‘Los Zetas’ en Coahuila, declaró que a pesar de que la Ley General en Materia de Desaparición de Personas es «el único ejemplo» de una ley conseguida a través de un proceso de parlamento abierto», es necesario señalar que el Senado salió de su sede para escuchar a los afectados «no por voluntad propia», sino por presión.
El activista opinó que la ley terminó obedeciendo a un presunto acuerdo entre el Legislativo y el Ejecutivo, y respondió a una presunta medida de contención a la crisis desatada tras el hallazgo de lo que se afirma podría ser un «centro de adiestramiento» y de «exterminio» en un rancho de Teuchitlán, Jalisco.
El conversatorio forma parte de las jornadas académicas del Departamento de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad Iberoamericana, donde se busca visibilizar y analizar problemáticas sociales que afectan al país.