Sheinbaum pide consecuencias por intoxicación masiva con comida en primarias de Tijuana
Tijuana, 7 de octubre.– La presidenta Claudia Sheinbaum pidió que se llegue “a las consecuencias” de la intoxicación masiva de al menos 78 alumnos en seis escuelas primarias de Tijuana, relacionada con el consumo de desayunos distribuidos por la empresa AB Alimentos Nutraséuticos Funcionales SA de CV, contratada por el gobierno de Baja California.
Al referirse al caso, la mandataria aclaró que el programa federal de desayunos escolares del DIF nacional es distinto al implicado en esta contingencia sanitaria. “En este caso, la intoxicación estuvo asociada a un programa adicional que tiene el gobierno de Baja California. Afortunadamente, todos los niños están bien”, afirmó.
Sheinbaum confirmó que la secretaria de Gobernación dio seguimiento al caso y respaldó la decisión de la gobernadora Marina del Pilar Ávila de revisar a la empresa contratada. No obstante, fue más allá al subrayar la necesidad de aplicar sanciones: “me parece una buena decisión y pues tienen que llegar a las consecuencias a partir de la investigación de qué fue lo que provocó esta intoxicación”.
El incidente se registró en el marco del programa estatal “Pancita llena, corazón contento”, que otorga alimentos a 345 mil estudiantes mediante un contrato de 26 pesos por platillo, lo que representa un monto diario de 2 millones 267 mil pesos más IVA. De acuerdo con la licitación pública regional 32065001-001-2025, la empresa tiene vigencia para el ciclo escolar 2025-2026.
Los planteles afectados fueron las primarias General Lázaro Cárdenas, Margarita Maza de Juárez, 18 de Marzo, José María Morelos y Pavón, John F. Kennedy, Fernando Montes de Oca y Juana de Asbaje, ubicadas en colonias de Tijuana. Estudiantes señalaron que consumieron tinga de pollo en tacos horas antes de presentar vómito y malestar general.
Mientras la empresa AB Alimentos se mantiene sin pronunciamiento público, la exigencia presidencial de “llegar a las consecuencias” coloca bajo presión a la administración estatal para que determine responsabilidades en un contrato que asciende a 840 millones de pesos anuales.
