Aguas con Trump. Enturbiando las aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos
De la misma forma en que está ocurriendo con otros acuerdos de cooperación binacional, los relacionados con las aguas transfronterizas entre México y Estados Unidos están siendo enturbiados tras la llegada del nuevo gobierno de Donald Trump. El magnate y su séquito están llevando la política de “America First” al ámbito del Tratado de Aguas de 1944 y esto está agravando los problemas provocados por la sequía en México.
Hace unas semanas, senadores de Texas solicitaron a Trump que presionara a México para que cumpla con las entregas de agua del río Bravo estipuladas en el tratado, argumentando que su retraso está afectando a los agricultores del Valle del Río Grande. Los senadores sugirieron a la Casa Blanca incluir la “liberación de agua” en las negociaciones arancelarias con México. Al respecto, el senador ultraconservador Ted Cruz declaró que estaba trabajando con la administración Trump para que imponga sanciones a México con el fin de conseguir el agua pactada. “Ignorar el tratado ya no será una opción para México”, sostuvo Cruz y añadió que “todas las opciones están sobre la mesa”, incluyendo suspender el suministro de agua del río Colorado hacia México. Días después, el gobierno de Estados Unidos anunció que, por primera vez, negaría la solicitud de entregas de emergencia de aguas del río Colorado a la ciudad de Tijuana, debido a la “insuficiencia” de parte de México en el envío de agua del río Bravo a Texas.
El Tratado de Aguas de 1944 establece que Estados Unidos debe entregar cada año a México un total de 1,850.2 millones de m3 de agua del río Colorado, mientras que México debe ceder anualmente a Estados Unidos un volumen promedio de 431.7 millones de m3 de agua del río Bravo, los cuales pueden ser entregados en ciclos de 5 años (dando un total redondo de 2,158.6 millones de m3). Los cambios en estas entregas se deben acordar en el marco del sistema de actas de la Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA). Y así ha ocurrido hasta la fecha.
No obstante, el tratado guarda una asimetría de origen en relación a la distribución de aguas en condiciones de sequía. Si Estados Unidos no puede cumplir con la entrega de la cuota mexicana del río Colorado debido a condiciones de sequía extraordinaria en la cuenca, puede reducir el volumen a México en la misma proporción que los usuarios estadounidenses, sin reponerlo después; en cambio, si ocurre una sequía extraordinaria en la parte mexicana de la cuenca del río Bravo y esto dificulta el cumplimiento de las entregas a Estados Unidos, México debe compensar el volumen faltante en el siguiente periodo de 5 años. Esta asimetría se puede observar en la actual condición de sequía que se padece en ambas cuencas.
La cuenca del río Colorado se encuentra en el peor episodio de sequía de la que se tiene registro en más de un siglo. Por ello, a partir de 2021 las asignaciones de sus aguas se comenzaron a reducir por primera vez desde la firma del tratado. Esto está acordado en el Acta 323 de la CILA, que concluye en 2026. En dicha acta también se aprobó el Plan Binacional de Contingencia ante la Escasez de Agua, el cual establece una serie de ahorros obligatorios recuperables con base a los niveles del Lago Mead. Adicionalmente, hace un año se aprobó el Acta 330, que amplía las medidas de mitigación del Acta 323, estableciendo un recorte para México de 493.3 millones de m3 de agua de 2024 a 2026 a cambio de una bolsa de 65 mdd de Estados Unidos destinados a acciones y proyectos de “conservación” de agua. Esto suma un recorte para México de alrededor de 887 millones de m3 en los últimos 5 años, que es el equivalente aproximado de lo que consume Tijuana y Rosarito durante el mismo lapso de tiempo.
Toda esta agua recortada sirve para aumentar el nivel de los embalses de las presas estadounidenses (Hoover y Glen Canyon), que están a su nivel mínimo histórico. Y los principales afectados de los recortes son los agricultores del valle de Mexicali, a quienes se les han reducido los volúmenes destinados al riego, lo que ha provocado diversas protestas.
La cuenca del río Bravo también está gravemente afectada por la sequía. Las presas internacionales La Amistad (Coahuila) y Falcón (Tamaulipas), centrales en el cumplimiento de las entregas a Texas, se encuentran al 21% y 12% de su capacidad, respectivamente. La escasez de agua en la cuenca ha provocado que México adeude alrededor del 70% de la cuota estadounidense en el ciclo actual (2020-2025) que está por concluir en octubre de este año. Por ello, a finales de 2024 se firmó el Acta 331, con la cual se acordó utilizar de forma extraordinaria el agua del río San Juan y Álamo para subsanar la deuda de agua. Estos afluentes no estaban considerado en el Tratado de Aguas, por lo que se podría generar un nuevo conflicto, tal como ocurrió en 2020 cuando se buscó subsanar la deuda del ciclo pasado (2015-2020) liberando el agua de la Presa La Boquilla, lo que resultó en enfrentamientos violentos entre agricultores y la Guardia Nacional.
Las entregas de agua de emergencia a Tijuana también se han acordado en el marco de la CILA. La primera vez que se solicitaron fue en 1972, cuando el drástico crecimiento urbano de Tijuana provocó que las fuentes de agua locales fueran insuficientes. Ante ello se firmó el Acta 240, con la que se acordó la entrega de agua de emergencia a través de la infraestructura operada por las agencias de agua de California. Para ello, México construyó un acueducto de emergencia en la frontera internacional de la Mesa de Otay. A la par, y como compromiso del acta, el gobierno mexicano emprendió la construcción del Acueducto Río Colorado-Tijuana (ARCT), para trasvasar agua desde Mexicali hacia Tijuana. Este acueducto se concluyó hasta 1982. Durante ese tiempo, Tijuana estuvo recibiendo agua de emergencia desde San Diego.
Cabe señalar que los volúmenes de emergencia que recibe Tijuana provienen de los derechos mexicanos del agua del río Colorado, es decir, Estados Unidos no vende ni entrega parte de su cuota de agua, sino sólo permite usar su infraestructura. Pero no lo hace gratuitamente, pues México debe pagar los costos operativos de la misma (incluyendo mejoras y reparaciones), el tratamiento de agua y los costos de energía.
Desde 1972 a la fecha la CILA ha aprobado 16 actas para entregar agua de emergencia a Tijuana, las cuales han sido enmiendas o ampliaciones subsecuentes del Acta 240. La última fue el Acta 327, firmada el 28 de enero de 2022, que amplió por 5 años las entregas de emergencia que se solicitaron desde 2017. El volumen no puede exceder los 1.5 millones de m3 mensuales, lo que suma un volumen máximo de 18 millones de m3 por año, equivalente al déficit de agua de Tijuana.
Es importante mencionar las cifras para dimensionar las afectaciones por la sequía y la asimetría en las reglas del cumplimiento del tratado, pues si bien el volumen del río Bravo adeudado a Estados Unidos es mayor a los recortes efectuados en la cuota mexicana del río Colorado, México está obligado a compensar el agua que no se pudo entregar y Estados Unidos no. Si bien el gobierno estadounidense está aportando fondos para compensar una parte del agua recortada, no son suficientes para subsanar las afectaciones sociales, económicas y ambientales de los recortes. Además, estos recursos también están bajo amenaza debido a la congelación de fondos federales destinados a la conservación del río Colorado por parte del gobierno de Trump. Esto pone en riesgo los acuerdos del Acta 330.
Ahora bien, así como en 1972 la construcción del ARCT fue la respuesta a la escasez de agua de Tijuana, en la actualidad se está impulsando la construcción de la Planta Desalinizadora de Playas de Rosarito. Este proyecto había sido concebido desde 2007 y desde su formulación inicial estaba planeado para entregar una parte del agua producida a San Diego. En las Actas 319 y 323 de la CILA también se ha planteado como un proyecto para beneficio binacional. El plan de “exportación” original era que el agua desalinizada se entregara a San Diego a través de un sistemas de acueductos que se conectaría -precisamente- con el acueducto que se construyó en la Mesa de Otay para las entregas de emergencia a Tijuana. De hecho, fue Donald Trump quien, a pocos meses de iniciar su primer mandato, otorgó el permiso presidencial para importar agua desalinizada desde Rosarito. Aunque el contrato de asociación público-privada con el que se aprobó en 2016 fue cancelado, el gobierno de Baja California y el federal están reimpulsando el proyecto. Si bien se ha planteado que esta vez será financiado con recursos públicos y que no tendrá el objetivo de enviar parte del agua a San Diego, ante la situación de sequía y presiones del gobierno de Trump, bien pudiera ocurrir que se retome su objetivo de exportación de agua.
En suma, a la crisis hídrica agudizada por la sequía se suma la crisis diplomática binacional provocada por la política exterior del gobierno de Trump. Al poner a Estados Unidos primero en el marco de las aguas transfronterizas, el gobierno estadounidense está agravando el estrés hídrico en la región. Y quienes serán más afectados son, de nueva cuenta, los agricultores mexicanos usuarios de ambas cuencas, así como los sectores populares urbanos de ciudades como Tijuana y Rosarito, sin mencionar las afectaciones ecológicas.
El próximo año concluyen las Actas 323 y 330, por lo que es inminente la negociación y firma de un nuevo acuerdo sobre las aguas del río Colorado. Esta nueva acta se aprobará en uno de los peores momentos de la relación bilateral con Estados Unidos y seguramente implicará recortes más drásticos para México, más aún con las amenazas detonadas por el incumplimiento de la entrega de agua del río Bravo a Texas. Por ello es necesario la unidad de los sectores afectados, tanto del campo como de la ciudad, en ambas cuencas, para defender nuestro derecho común al agua. Que el manantial de la lucha popular brote de nueva cuenta ante la sequía que nos quiere imponer el poder imperial.
