Edificio para Universidad Rosario Castellanos no está listo; iniciarán clases de forma virtual
Tijuana, 21 de febrero. Debido a que el edificio que albergará la sede en Tijuana de la Universidad Nacional Rosario Castellanos (UNRC) no está listo, todos los estudiantes que iniciarán sus estudios el 3 de marzo lo harán con clases virtuales.
Luis Gilberto Gallego Cortez, titular de la Secretaría de Educación, explicó que “lleva tiempo” el procedimiento administrativo para hacer las reparaciones que requiere la estructura de lo que iba a ser la Ciudad Judicial, ubicada a la altura del bulevar 2000.
Señaló que apenas fueron entregados los dictámenes estructurales que especifican las obras requeridas y actualmente está en proceso la obtención del recurso para llevarlas a cabo.
Indicó que todos los alumnos, sin importar la modalidad a la que se hayan inscrito, tomarán clases virtuales en el primer semestre que tendrá la universidad en Tijuana.
Agregó que esperan que el edificio sea entregado en los próximos meses para que el siguiente semestre pueda contar con clases presenciales y el personal administrativo y académico pueda trabajar en el sitio.
La apertura de la universidad en Tijuana fue anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum en octubre de 2024 y la convocatoria de ingreso salió en diciembre de ese mismo año.
Para su primer semestre ofertó 3 mil 550 espacios para las 11 licenciaturas en la modalidad presencial-híbrida y mil 850 lugares para las seis carreras en la modalidad a distancia-híbrida.
Aunque no hay examen de admisión, los mil 500 aspirantes que solicitaron un lugar realizaron una prueba propedéutica y, de acuerdo a los resultados dados a conocer por la UNRC, mil 397 fueron aceptados, de los cuales 572 pertenecen a la modalidad presencial y 825 a la virtual.
Los tres edificios de la Ciudad Judicial fueron edificados durante el gobierno de Francisco Vega de Lamadrid en 2017 y tuvieron un costo de entre 350 y 400 millones de pesos.
Originalmente iban a ser destinadas a dependencias del Poder Judicial, de la Comisión Estatal del Sistema Penitenciario (Cesispe) y de la Fiscalía General del Estado (FGE), pero nunca fueron terminadas.