Sucesión presidencial con significancia de época
Solo un fin de semana nos separa de ser testigos del traslado del poder en México, pero no cualquiera, sino un hecho con significancia de época. Veremos un acto republicano de transferencia del mando presidencial en el que un presidente termina su periodo con una escala de aceptación social inédita, abrumadoramente mayoritaria, y comienza, también de manera inédita, la presidencia de una mujer, que recibió una votación también abrumadora.
Significancia de época porque el sexenio que termina lo hace con cambios de dimensión histórica en la institucionalidad constitucional, cambios en los que las reformas al poder judicial tienen un lugar central, y más temprano que tarde el método mexicano de integración y autocontrol del poder judicial tendrá trascendencia global. También son parte de este paquete de cambios institucionales de final y arranque de sexenio la protección constitucional a los incrementos al salario mínimo por encima de la inflación y a las a becas para jóvenes, la reivindicación de los derechos de los pueblos originarios, y el mando militar sobre la Guardia Nacional para funciones de seguridad pública como método que intenta combatir la persistente propagación de la corrupción policiaca con mandos civiles.
Las condiciones extraordinarias de fuerza política de fin de sexenio del régimen obradorista se fraguaron a lo largo del periodo, con decisiones gubernamentales que atendieron cruciales reivindicaciones sociales como el despegue notable de los salarios mínimos, las pensiones a personas mayores y discapacitados, el rescate público de los fondos pensionarios de afores que usufructuaban los bancos y el establecimiento de pensiones piso al nivel del promedio de sueldos de trabajadores afiliados al IMSS, becas a jóvenes, la recuperación del patrimonio nacional en energía eléctrica, en petróleo, y territorio nacional secuestrado por impresentables, obras de infraestructura que disminuyeron grandes rezagos, desarrollo regional en el sureste, recuperación de enormes volúmenes de caudales públicos evadidos por traficantes de influencias y codiciosos ministros y magistrados, limitación del poder de pandillas de acaudalados sobre la administración de justicia y el saqueo de bienes nacionales, un avance reconocible en infraestructura de salud pública.
También hay que reconocer que el trabajo de partidos y grupos opositores al régimen favorecieron el empoderamiento del obradorismo con su insistente bloqueo y obstaculización a los cambios institucionales demandados masivamente por la población y retomados por el presidente, con una minoría legislativa los opositores al obradorismo impidieron el avance de reivindicaciones sociales, frente a esto la indignación social creció tanto que la elección constitucional se desbordó a favor de la cuatroté al grado de generar una mayoría legislativa calificada, ahora los disminuidos opositores no pueden impedir los cambios que el presidente sintetizó en veinte iniciativas de reformas entregadas a la cámara de diputados el 5 de febrero pasado y que, en los hechos, fueron la plataforma electoral para el “Plan C”: conseguir los votos necesarios para obtener la mayoría calificada en las cámaras legislativas.
Una significancia de época porque el gobierno del sexenio que comienza lo encabeza por primera vez una mujer, Claudia Sheinbaum Pardo, académica, preparada, comprometida socialmente, sin orígenes acaudalados ni de prosapia política, formada en movimientos estudiantiles que se entrelazaron con otros movimientos sociales que retomaron y reconstruyeron la alternativa política de izquierda que se nucleó por dieciocho años en la figura carismática de Andrés Manuel López Obrador. Ella, Claudia, es el relevo, arranca su gobierno con una legitimidad electoral extraordinaria, treinta y seis millones de votos, el 60% de la votación, una aceptabilidad social que las encuestas consignan que rebasa el 75%, arranca también con una claridad meridiana de las tareas por hacer, un respaldo legislativo que configura la mayoría calificada en ambas cámaras federales y prácticamente la totalidad de las cámaras legislativas estatales que, en conjunto, integran el constituyente permanente, único facultado para procesar reformas constitucionales, por ahora estas condiciones de fuerza política son garantía de aprobación para las reformas pendientes, cantadas, mandatadas de manera contundente en las elecciones y que ya están sobre el escritorio.
Termina septiembre, de las seis iniciativas priorizadas para este mes por el presidente y su sucesora quedaron pendientes la de la Ley del ISSSTE (https://jornadabc.com.mx/opinion/de-las-seis-de-septiembre-restauracion-de-la-ley-del-issste/), que estaba redactándose, y las pensiones desde los sesenta años para mujeres, y otras más de las que ya nos hemos ocupado en este espacio de La Jornada Baja California como la restauración del gobierno federal en los estados, el restablecimiento de la institucionalidad de apoyo al desarrollo del campo, también falta resolver grandes agravios como la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa, la tragedia de la guardería ABC, el gravísimo problema de inseguridad y delincuencia organizada, grandes tareas por delante. El tiempo apremia para la inmensa mayoría de la población que tiene puestas las esperanzas ahora en Claudia Sheinbaum y su gobierno, no puede permitirse dilaciones en las reformas pendientes, la experiencia de las deserciones en el periodo obradorista es una lección presente, las condiciones de fuerza política en este arranque de gobierno son inmejorables para la restauración de las reivindicaciones sociales en nuestra Constitución y en general en la institucionalidad derivada, estamos ante una sucesión presidencial con significancia de época y con el restablecimiento de una mexicanidad comprometida con la nación… veremos.
*Profesor Investigador
El Colegio de la Frontera Norte, Unidad Mexicali
jza61@colef.mx