Texas: odio homicida

El gobierno de Texas anunció que triplicará las barreras de alambre de púas a lo largo de la frontera con México a fin de impedir el ingreso de migrantes indocumentados, así como detener el contrabando de drogas, armas y personas. El gobernador, Greg Abbott, informó que desde el lanzamiento de la Operación estrella solitaria, en marzo de 2021, fueron detenidos 517 mil 900 migrantes irregulares, y aseguró que continuará utilizando todas las herramientas y estrategias para defender nuestro derecho constitucional a proteger la frontera pues se necesita llenar los peligrosos vacíos creados por la negativa de la administración Biden-Harris a asegurar la frontera.

Las declaraciones del mandatario son sólo un episodio más en su campaña permanente de instigación al odio, criminalización de las personas en tránsito, golpeteo político y desinformación. Su discurso xenófobo se basa en la mentira sistemática, la explotación de prejuicios racistas y técnicas francamente fascistas de inducción del miedo a la diferencia.

Aunque se quisiera creer que el gobierno federal demócrata es de algún modo benévolo con los migrantes, lo cierto es que el año pasado la administración de Joe Biden quintuplicó las expulsiones de indocumentados y alcanzó el registro más alto en una década (es decir, que rompió la marca establecida por otro presidente demócrata, Barack Obama, conocido por la comunidad migrante como deportador en jefe).

Asimismo, la Casa Blanca está tan comprometida con el combate a la migración que suspendió el derecho a solicitar asilo, una flagrante violación a la legalidad internacional. Pese al cúmulo de datos que desmiente su alarmismo, la política de Abbott es inmune a los hechos, pues no se basa en el intento de solucionar un problema real, sino en la manipulación de la opinión pública con fines electoreros y de control social.

Mientras los ciudadanos viven aterrados por el peligro migrante, la entidad experimenta un retroceso histórico en materia de derechos humanos y protección ambiental, profundiza su conversión en un paraíso fiscal para los ultrarricos y desfinancia rubros esenciales para canalizar recursos al Estado policial. Parece ser también inmune a la ley, pues la Constitución estadunidense establece la política migratoria como una competencia exclusiva de Washington, por lo que cada una de las detenciones de individuos sin más motivo que su estatus migratorio constituye un delito por parte de los cuerpos de seguridad texanos.

Igualmente ilegal es la orden dada por el gobierno de Abbott a los agentes de la policía fronteriza para que empujen de vuelta al río Bravo a toda persona sorprendida en el intento de cruzarlo, incluidos niños pequeños y bebés que son amamantados por sus madres. Al triplicarse las alambradas de púas, se triplican también los riesgos de que dicha política homicida termine en tragedia, puesto que habrá más barreras donde las personas quedan atrapadas y sufren lesiones de diversa gravedad.

Debe reconocerse que el gobierno federal demócrata ha entablado batallas legales para frenar los aspectos más inhumanos de la cacería antimigrante desatada por Abbott y otros de sus correligionarios, pero la inminencia de las elecciones presidenciales y el gran peso de los sectores conservadores en entidades clave configuran un escenario sombrío para los derechos de los migrantes.