El plan C y los grandes capitales
El presidente Andrés Manuel López Obrador y la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, se reunieron el lunes pasado, en un encuentro que despejó cualquier duda sobre la puesta en marcha del conjunto de reformas constitucionales y legales conocido como plan C y que desbarató las insidias propagadas por sectores políticos y mediáticos de la oposición, que insinuaban un conflicto entre el mandatario en funciones y la ex jefa del Gobierno capitalino. Es claro que el plan avanza en los términos inicialmente propuestos por López Obrador y con adiciones solicitadas por Sheinbaum.
En lo inmediato, el punto candente de las reformas es la del Poder Judicial, cuyos fallos han favorecido sistemáticamente los intereses privados en detrimento de las políticas gubernamentales orientadas a desmantelar el modelo neoliberal, quitar los reiterados lastres judiciales a las políticas de gobierno que han buscado fortalecer la soberanía nacional y reorientar el Estado hacia la satisfacción de las necesidades populares y la redistribución. Sería erróneo e inexcusable que las presiones de los poderes fácticos financieros, con quienes Sheinbaum también ha mantenido reu-niones en la semana reciente, lograran eliminar o distorsionar de la agenda legislativa el mandato popular que otorgó a la coalición gobernante la mayoría calificada en la Cámara de Diputados y un amplio predominio en el Senado, donde esa alianza requerirá sólo de unos cuantos votos adicionales para llevar a cabo reformas constitucionales de fondo.
Es claro que ante este horizonte, el principal temor de los entornos empresariales, tanto extranjeros como nacionales, es la pérdida de influencia en las instancias judiciales. Sin embargo, es esencial que, desde la perspectiva del capital, se entienda que el saneamiento del Poder Judicial y la erradicación de prácticas corruptas, complicidades, favoritismos y conflictos de intereses, todos estos objetivos prioritarios del capítulo judicial del plan C, son indispensables para la consolidación de un sector público fuerte. Un gobierno dotado de recursos impulsará el desarrollo que el país necesita y en el que las empresas seguirán encontrando oportunidades de negocio tan cuantiosas como las que han obtenido en la actual administración, o más, pues la certidumbre jurídica que reclaman los capitales y el fortalecimiento de la seguridad pública no pueden garantizarse con un Poder Judicial afectado por la corrupción y proclive a extender impunidades.
Sheinbaum planteó un margen de diálogo en el que podrán participar todos los sectores del país para expresar sus posturas sobre las reformas constitucionales que considera el plan C. Es en ese espacio, y no mediante chantajes ilegítimos en los mercados cambiario y bursátil, donde deben manifestarse las preocupaciones de lo que eufemísticamente se llama los mercados y que, en realidad, está dominado por un puñado de corporaciones y fortunas.
