Suprema Corte: trinchera neoliberal

La segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada en marzo de 2021, con lo que dejó en pie la legislación en la materia creada en el sexenio anterior por los partidos del llamado Pacto por México: PAN, PRI y PRD. Los ministros Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar votaron a favor de declarar la inconstitucionalidad, mientras las ministras Yasmín Esquivel Mossa y Lenia Batres Guadarrama lo hicieron en contra, pero el empate se rompió porque el artículo 56 de la Ley de Amparo otorga un «voto de calidad» (con valor doble) a quien preside la sala, en este caso, Pérez Dayán.

El voto de Pérez Dayán y Aguilar Morales (notorio protector de un empresario que adeuda 25 mil millones de pesos al fisco, así como responsable de privar a los niños del país de libros de texto durante semanas) no sólo es contrario a la industria eléctrica nacional y al desarrollo del país, sino también a la voluntad popular, piedra angular de toda democracia. Debe recordarse que el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador y el partido en el gobierno para enmendar el desmantelamiento de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y el saqueo legalizado de la hacienda pública obtuvo un abrumador respaldo, como muestra el hecho de que una encuesta encargada por un medio de comunicación de corte abiertamente opositor al gobierno federal haya encontrado 61 por ciento de apoyo ciudadano a que la CFE controle de forma exclusiva la industria eléctrica. Así, la soberbia de los dos togados es tan inaudita que consideran sus filias ideológicas superiores a una inequívoca mayoría ciudadana.

Este amparo confirma por enésima ocasión que el máximo tribunal es también la mayor trinchera de los intereses privados locales y foráneos que se acostumbraron a medrar con el dinero público y hacer fabulosos negocios mediante contratos lesivos para la nación. El alineamiento de la SCJN con el sector oligárquico que detentó el poder hasta 2018 es tan claro que el ministro Javier Laynez tuvo que excusarse de participar en la votación porque fue redactor de la contrarreforma neoliberal promulgada por el ex presidente Enrique Peña Nieto. Hay, pues, un bloqueo sistemático a las políticas públicas que favorecen la soberanía, el fortalecimiento de las empresas de todos los mexicanos y de cualquier iniciativa que busque el bienestar de las mayorías. Para el ciudadano de a pie resulta asfixiante contemplar cómo los titulares del Poder Judicial mantienen vivo un diseño del sector energético entreguista, depredador e irracional heredado de un régimen que ya fue rechazado en las urnas.

Con su sabotaje a la Ley de la Industria Eléctrica, los ministros vuelven a evidenciar sus lealtades y ponen en perspectiva de la importancia de lo que el Presidente y su partido han denominado plan C, pues sólo una mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso permitiría concretar las transformaciones en curso y erradicar tanto las políticas caducas como las perversiones institucionales en las que se han enquistado los defensores de un orden elitista y apátrida. La sociedad tendrá en sus manos la decisión de superar las resistencias antidemocráticas y contrarias al sentido nacional o de perpetuar las reglas neoliberales que han impedido el rescate pleno del sector energético y que auspician la depredación privatizadora.